La Procuraduría General de la República (PGR) gastó 215 millones 906 mil pesos para manutención y protección a un promedio de 45 testigos colaboradores relacionados con investigaciones de delincuencia organizada entre enero de 2000 y enero de este año.

La dependencia federal indicó en respuesta a una solicitud de información pública que no cuenta con datos del lapso en que cada uno de los testigos ha formado parte de este programa.

De acuerdo con información estadística de la PGR durante la gestión de Jesús Murillo Karam, se redujo de 65 a 41 el promedio anual de testigos colaboradores, y el gasto entre enero de 2013 y enero de este año fue de 37 millones 644 mil 686 pesos.

El fracaso de Morales Ibáñez

En julio de 2013 colaboradores del entonces procurador Jesús Murillo señalaron que había fracasado el programa de testigos protegidos que mantuvo Marisela Morales Ibáñez como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y como procuradora general.

Señalaron que el número de integrantes de organizaciones criminales que se mantienen como beneficiarios de la protección federal disminuyó de 90 a 42 personas, porque la mayoría no aportó ningún dato para consolidar investigaciones o proporcionó declaraciones falsas.

La PGR dio respuesta a una solicitud de información pública, en la cual señala que durante el sexenio de Vicente Fox se registró apoyo económico para un total de 285 testigos colaboradores; sin embargo, las cifras de la PGR no permiten establecer qué personas ingresaron a ese programa y se mantuvieron durante todo el periodo.

En tanto, durante la administración de Felipe Calderón se contabilizó a un total de 204 testigos colaboradores y fue cuando se llegó a tener el mayor número de presuntos involucrados en organizaciones criminales que colaboraron con el Ministerio Público Federal.

En tanto que de enero de 2013 a enero de 2015 el número de testigos colaboradores disminuyó a 126 casos en total, pero el promedio anual ha sido de 41 personas.

En 2014 Murillo Karam señaló que la PGR puso en marcha un proceso de revisión del uso de la figura del testigo protegido tras detectar que los miembros de ese programa mintieron en sus declaraciones y en muchos casos sus aportaciones habían sido invalidadas, y que solamente los presuntos delincuentes habían obtenido beneficios como reducciones en sus sentencias.