a indignación entre la comunidad universitaria, principalmente de la Unidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana, tras el salvaje atentado cometido por un grupo de encapuchados contra ocho estudiantes, la madrugada del 5 de junio, se ha convertido en el imaginario colectivo en una inquietante remembranza –guardadas las magnitudes que alcanzó la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa– de lo riesgoso de pertenecer a organismos preocupados por el medio ambiente, la construcción de formas democráticas de participación civil, reclamo por seguridad, empleo y educación, entre otros, en el contexto del neorreformismo peñista.

Fue un acto de salvajismo, buscando hacer el mayor daño posible, pero sin llegar al homicidio; los ocho estudiantes fueron objeto de saña, teniendo como ejecutores a enmascarados que se dieron a la fuga sin mayores problemas.

Fue claro, además, que la intención estuvo vinculada al proceso electoral del 7 de junio, pues cuando menos en un sector de la población el suceso impactó y ayudó a desalentar la participación ciudadana en las urnas; de hecho, algunos estudiantes que fungirían como representantes partidistas en las casillas renunciaron tras el atentado.

El propósito de tal acto es hacer callar a las voces críticas que desde distintos frentes se oponen a acciones atrabiliarias del Estado mexicano, y aunque se ignora la identidad del comando que irrumpió en la vivienda donde sucedió el ataque, lo cierto es que hasta el momento ha sido notable la inacción de las autoridades ministeriales y policiales para dar con los responsables.

En sendos desplegados, catedráticos condenaron el clima de hostigamiento y la política de criminalización de la protesta estudiantil y social, al tiempo de pedir la renuncia del secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez, así como una investigación clara e imparcial, la reparación de los daños humanos y materiales, además de la protección de los estudiantes golpeados.