El gobierno de México lamentó que el gobierno de Texas promulgara la Ley HB11, misma que autoriza a la policía local para hacer cumplir las normas federales de inmigración, pero que, de acuerdo con organizaciones civiles, alienta los perfiles raciales, porque la policía carece de formación o experiencia en la identificación de violaciones de la ley federal de inmigración.

En un comunicado, la cancillería destaca que si bien reconoce la intención de las autoridades texanas de fortalecer la seguridad pública mediante la sustitución de la Guardia Nacional por policías debidamente capacitados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, considera que la legislación fomenta la división de nuestras sociedades y se opone a los principios y valores que rigen la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Agrega que, respetuoso de los procesos internos, México ha expresado plena apertura para sostener un diálogo franco y directo con el gobierno de Texas en materia de seguridad fronteriza, desde una perspectiva integral que permita orientar los recursos hacia la consolidación de una frontera segura, eficiente y competitiva para facilitar los flujos legítimos de bienes y personas, así como promover la prosperidad y el desarrollo en ambos lados de la frontera.

De acuerdo con organizaciones, como La Unión del Pueblo Entero, esta ley se basa en una crisis en la frontera que no es real, pues las tasas de criminalidad en las ciudades fronterizas de Texas, como El Paso, Laredo y Valle del Río Grande, están por debajo de los promedios del estado, además de que los migrantes representan 30 por ciento de la población carcelaria del estado.