El Seguro Popular es un dolor de muelas. Se originó con el objetivo de que el dinero siga al paciente, no a la institución. La idea fue buena, pero falló su aplicación porque recursos hay, y muchos, como nunca antes, pero están mal aprovechados por una pésima administración, y los pacientes no tienen los servicios médicos que requieren, afirmó Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales.

De otra manera, dijo, no se entiende que a más de 10 años de operación del Seguro Popular, todavía la mitad del gasto en salud provenga del bolsillo de los pacientes. La explicación es que éstos no encuentran en la atención pública el servicio que necesitan y recurren al sector privado, a unidades cuya calidad es más bien malita.

En entrevista, el empresario aseguró que el sistema nacional de salud tiene cáncer; sin embargo, no hay un sentido de urgencia de hacer algo. Al menos no se ve.

Recordó que en la reforma a la Ley General de Salud que dio paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y a su brazo operativo, el Seguro Popular, se incluyó la posibilidad de que participara el sector privado en la prestación de servicios médicos. Sin embargo, ello no ocurre por falta de reglas ni sistemas de control de clínicas y hospitales particulares y tampoco existen tabuladores claros.

Sucede, entonces, que el dinero no sigue al paciente, y éste no tiene la posibilidad de elegir a su médico.

Opciones de bajo costo

Interrogado sobre la deficiente calidad de los servicios médicos privados, Potes González reconoció que eso un problema, pero que tampoco ha habido iniciativas para resolverlo. Una opción podría ser que el Consejo de Salubridad General (CSG) incluyera en los procesos de certificación de calidad a unidades médicas pequeñas y medianas que puedan resolver enfermedades de baja complejidad, las cuales no requieren de grandes instalaciones ni equipos médicos complejos.

En el país, señaló, existen 3 mil hospitales privados, de los cuales únicamente 100, los más grandes, están certificados por el CSG. Si hubiera mecanismos intermedios, dijo Potes, con distintos niveles muchos más entrarían a la jugada. Habría posibilidad de supervisar su actividad –qué hacen y cómo– en beneficio de los usuarios.

En la actualidad, la prestación de servicios médicos está dividida. En un extremo están las personas de altos ingresos que pagan pólizas de seguros de gastos médicos mayores, consultas médicas y fármacos. Hacen un gasto de bolsillo que no tiene impacto en sus finanzas.

Del otro lado está el sector con los más bajos ingresos económicos, cuya única opción es acudir a las instituciones de seguridad social –los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)– y al Seguro Popular, y esperar a que los atiendan, así como que les den los medicamentos que haya.

Entre ambos sectores hay de 25 a 30 millones de mexicanos de clase media que ya no acuden al IMSS ni al Seguro Popular, sino al ámbito privado. Tienen un gasto de bolsillo con un impacto mayor en su economía y sin la certeza de la calidad de la atención, indicó Potes, quien hace unos días participó en el foro Liderazgo en Salud, organizado por el Tecnológico de Monterrey.

Por eso es lamentable, agregó, que con tanto dinero disponible en los estados, por medio del Seguro Popular, no haya claridad ni transparencia en su manejo.

Señaló que modificar el actual sistema sanitario no será fácil, pero tenemos que ser creativos. Mencionó, por ejemplo, la creación de incentivos para que los médicos sean activos en el cuidado de la salud de sus pacientes.

En contraste, por ejemplo, en Francia existe un esquema en el que médicos y pacientes obtienen beneficios si cumplen con esquemas de prevención y detección temprana de padecimientos.

Otra opción está en los recién creados seguros médicos privados para personas de ingresos medios. Esta es una iniciativa del Consorcio Mexicano de Hospitales, que agrupa a 38 establecimientos en 35 ciudades de la República. Consiste en una póliza con un costo de entre 3 mil y 5 mil pesos por una suma asegurada de 150 mil pesos. Con este monto se pueden cubrir 95 por ciento de las causas de hospitalización (apendicitis, amigdalitis, accidentes, partos).

Este proyecto, con alguna colaboración con el Seguro Popular, podría ser parte del cambio del modelo que requiere el sistema nacional de salud, concluyó Potes.