Buenos Aires.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció interferencia judicial en una causa por la desaparición de 19 dirigentes obreros en Rosario durante la dictadura (1976-1983), uniéndose así a una serie de querellas sobre los obstáculos de un sector de ese poder en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrense.

Familiares de 19 sindicalistas asesinados y desaparecidos durante la dictadura en la zona de las fábricas del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, reclaman al juez Marcelo Bailaque por demorar la decisión de citar a los responsables del poder económico que se beneficiaron con la represión.

La querella encabezada por la LADH solicita individualizar a la máxima jerarquía de cada una de las industrias del cordón fabril, lo que aún no aceptó el juez. Estas informaciones son necesarias para poder individualizar a posibles responsables de los crímenes investigados, y citarlos a prestar declaración indagatoria, se señala en la querella.

La causa permaneció guardada en el cajón de un escritorio del juzgado de Bailaque largo tiempo y fue la LADH la que decidió convertirse en querellante.

Además, en esta causa se investigan delitos anteriores al golpe cometidos bajo la feroz persecución desatada en épocas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina 1973-1976). Se cita en este caso la acción preventiva desatada por el poder económico representado por numerosas empresas trasnacionales y locales, y sus instrumentos represivos (fuerzas armadas y de seguridad) que desató una feroz persecución sobre el movimiento obrero.

El juez Bailaque omitió decretar el pedido de informe dirigido al Registro Público de Comercio, para que éste comunique la integración de los directorios entre 1971 y 1978 de todas las fábricas, industrias detalladas en el escrito de la querella, tales como: Pasa, Celulosa Argentina, Indo, Cerámica San Lorenzo, Sulfacid, Duperial, Electroclor, Cerámica Paraná, Verbano, Massey Fergusson, John Deere y Honomag.

Informes y testimonios evidencian relaciones de algunos jefes y directivos de esas empresas con personal de inteligencia de la dictadura y se recuerda que tropas militares controlaban al personal de las mismas.