Morelia, Mich.

Cuando faltan seis días para los comicios, la lucha por la gubernatura se centra en tres candidatos: el perredista Silvano Aureoles Conejo, el priísta Ascención Orihuela Bárcenas y la panista Luisa María Calderón Hinojosa, cuyas campañas continúan en un ambiente político-social enrarecido por hechos violentos como los ocurridos en Yurécuaro, con el asesinato del candidato a la alcaldía por Morena, Enrique Hernández Salcedo, y el enfrentamiento en el vecino municipio de Tanhuato, que causó la muerte de 42 presuntos delincuentes y un policía federal.

Una encuesta elaborada por Mitofsky da cuatro puntos de ventaja a Silvano Aureoles; a Chon Orihuela lo ubica en segundo lugar, y con menos de cinco puntos de éste se encuentra la hermana del ex presidente Felipe Calderón, Luisa María, Cocoa, quien contiende por segunda ocasión por el gobierno estatal, al igual que Aureoles Conejo, abanderado de la alianza entre el PRD) y los partidos del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal).

En este proceso electoral han figurado las descalificaciones y la llamada guerra sucia entre los aspirantes. Por ejemplo, los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) aseguran que Aureoles Conejo ya rebasó los 450 millones de pesos fijados como límite para la campaña.

Aureoles respondió que ha notificado puntualmente al órgano electoral las erogaciones efectuadas en actividades proselitistas. El Instituto Electoral de Michoacán no se ha pronunciado al respecto, pero la nueva legislación electoral estipula que podría anularse de la elección al partido que rebase en 5 por ciento los límites de gastos de campaña.

Los contrincantes de Aureoles también lo acusan de enriquecimiento ilícito y de haber obtenido más de cien millones de pesos en el otorgamiento de obras que gestionó –cuando se desempeñó como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión– en favor de empresas constructoras de sus amigos que ahora son candidatos a diputados federales, entre ellos Pascual Sigala y Carlos Herrera Tello, según denuncia que hace una semana presentó el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Agustín Trujillo, ante la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad.

Otras acusaciones contra el perredista son haber utilizado sus influencias para liberar a su hermana que junto con otros pasajeros fue detenida en un retén militar cuando viajaban en un autobús de transporte público donde, tras la revisión, se encontró droga.

Al priísta Ascención Orihuela lo acusan de tener 91 propiedades que acumuló a lo largo de tres décadas como político y funcionario, y de haber obtenido en años recientes más de 8 millones de pesos de recursos federales destinados a proyectos productivos para el sector agropecuario, además de tener presuntos nexos con la delincuencia organizada.

A Cocoa se le acusa de haber rebasado por mucho los gastos de campaña que realizó en su candidatura para gobernadora en 2011, además de haber sostenido supuestos tratos con el crimen organizado, mediante el ex alcalde de Apatzingán Francisco Javier del Toro, quien fue su operador político en la región de Tierra Caliente. Del Toro fue señalado como presunto integrante del cártel de Los caballeros templarios, que encabezaba Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.

Partidos fuera del juego

En estos comicios contienden también Manuel Antúnez, por Movimiento Ciudadano; Luz María Núñez Ramos, por Morena, y Gerardo Dueñas, del Partido Humanista, mismo que la semana pasada se sumó a la candidatura de Silvano Aureoles, quien en las elecciones de 2011 quedó en tercer lugar con 535 mil sufragios, tras el triunfo del priísta Fausto Vallejo, con 658 mil votos, seguido por Cocoa, con 106 mil votos.

En esa elección se involucró el crimen organizado y diversos actores políticos fueron evidenciados con videos a través de las redes sociales. Es el caso del secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, y el encarcelamiento de seis alcaldes acusados de extorsión y nexos con el crimen organizado. Entre ellos, los priístas Uriel Chávez Mendoza, de Apatzingán; Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro, y Dalia Santana Pineda, de Huetamo, así como los perredistas Jesús Cruz Valencia, de Aguililla y Arquímides Oseguera, y recientemente el edil de Numarán, José Luis Madrigal Figueroa, acusado de peculado.

El escándalo mayor se produjo tras la detención de Rodrigo Vallejo, hijo del mandatario estatal del PRI que por problemas de salud dejó la gubernatura en junio pasado. Varios actores políticos fueron videograbados con La Tuta.

Además de la gubernatura, se elegirán 112 alcaldes, 40 diputados locales, 24 por mayoría relativa y 16 de representación proporcional y 12 diputados federales.