Académicos de la UNAM señalaron que si el gobierno realmente desea limpiar de corrupción, la administración pública federal tendría que empezar por aclarar los escándalos en que se ha visto involucrada.

Citaron las operaciones de compraventa de la Casa Blanca, propiedad de Angélica Rivera, esposa del Presidente, y de la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco; el proyecto del tren rápido México-Querétaro, y los contratos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL).

René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales, dijo que el anuncio del Sistema Nacional Anticorrupción puede ser muy bueno, tener cosas superables; sin embargo, en los hechos, las reformas y todo lo que ha venido con esta administración se quedan en el discurso.

Da la impresión, sostuvo, de que es otra vez una propuesta con mucho sentido de engaño para regresar al Porfiriato.

Yo preguntaría, dijo, “si se va a investigar lo de las casas Blanca y de Malinalco, que nos digan; si está en el presupuesto, cuánto se van a tardar; cuáles son las metas a mediano plazo, y si se meterá a la cárcel a funcionarios coludidos con el crimen organizado”.

Apuntó que se requiere certeza de que ahora sí se pretende llegar a fondo en el combate a la corrupción, la cual, manifestó, es sistémica en México.

Especialista en temas de seguridad y violencia social, apuntó que en el caso de la Casa Blanca se desconoce qué tanto investiga el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Hasta ahora no vemos un avance importante; no creo que haya una sanción contra el Presidente de la República, sostuvo.

Correspondería, agregó, no seguir agrediendo a la libertad de expresión... México es uno de los países con mayor ataques al periodismo y a la libertad de expresión.

En tanto, Gerson Hernández Mecalco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, advirtió que el Sistema Nacional Anticorrupción no incluye sanciones al Presidente de la República. Se va contra los empresarios, pero “no está prevista ninguna sanción hacia el Poder Ejecutivo federal.

Lo que vemos es una serie de cambios administrativos... No hay en realidad un gran cambio entre el sistema anticorrupción actual y el anunciado. Faltan las leyes secundarias, señaló.

Como dijo un senador, expresó, “este sistema no está previsto para atrapar peces gordos y los ciudadanos nos damos cuenta de lo que pasa, pero no vemos las sanciones relevantes, desde secretarios de Estado hasta empresarios importantes que se ven coludidos en moches y malas prácticas.

Para que haya credibilidad en el sistema anticorrupción tendría que haber investigación a los gobernadores de todos los partidos. Hay muchos casos, y no terminaríamos la lista con todos los funcionarios públicos en acción, los cuales, además, en ningún momento fueron inhabilitados.

Respecto de la actual administración federal, agregó, a menos de cuatro años, su rango distintivo ha sido la relación con actos de corrupción.