Especialistas del sistema educativo consideraron que el gobierno federal ‘‘privilegió el voto sobre la educación’’, frente a una creciente presión del magisterio disidente, pero también de una élite empresarial que ‘‘está decidida a no cejar en su empeño porque esta reforma salga como ellos quieren’’.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión indefinida en la aplicación de las evaluaciones de maestros frente a grupo y aspirantes a ingresar al servicio docente, advirtieron que el problema de fondo no está resuelto. En esta decisión, aseguraron, ‘‘se antepuso el cálculo político antes que el educativo’’.

Si bien cuestionaron que la reforma educativa ‘‘nunca estuvo pensada para mejorar la calidad de la enseñanza, ¿ahora con qué cara van a pedir la autoridades, después de esta suspensión, que se respete el nuevo marco normativo creado con la modificación al artículo tercero y 73 constitucionales, si ella misma es la primera en incumplirlo?’’

En entrevistas por separado, los investigadores César Navarro Gallegos, del Instituto Mora; Lucía Rivera y Etelvina Sandoval, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y Ángel Díaz Barriga, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideraron que se asestó un ‘‘golpe’’ a la credibilidad y legitimidad de la reforma educativa, pues se tomó esta decisión “frente a una coyuntura electoral en el que peso más el proyecto político de un gobierno’’.

Al respecto, Díaz Barriga señaló que ‘‘es urgente sacar a la educación de la arena política. Y esto implica sacar al Congreso de la Unión, que debería tener la humildad de reconocer que se equivocó, que no sabe de educación y que requiere de la asesoría de expertos.

‘‘Esta legislación debe quedar suspendida hasta en tanto sea revisada por especialistas que hagan un verdadero proyecto que responda a los intereses educativos del país, y no a los de un grupo político en el poder que quiere colgarse medallitas.’’

Navarro Gallegos, experto en el sistema educativo, destacó que si bien ‘‘no sabemos cuánto dure esta suspensión indefinida, no podemos negar que la movilización magisterial volvió a poner en cuestionamiento uno de los ejes centrales de la reforma, que nunca ha sido educativa. Esta decisión afecta a todo el proyecto que se buscaba implementar, que incluía cerca de 200 evaluaciones en los próximos años, elaboradas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)’’.

El nuevo marco normativo, aprobado por el gobierno peñista, dijo, ‘‘va de fracaso en fracaso. Primero fue el censo de escuelas, maestros y alumnos; luego, los foros para elaborar el nuevo modelo educativo, y hasta la integración de grupos de evaluadores y tutores para acompañar a los nuevos docentes... nada se aplicó como se tenía previsto’’.

Lucía Rivera, profesora-investigadora de la UPN, señaló que ‘‘llaman la atención los grupos de derecha que se desgarran las vestiduras diciendo que con esta decisión se pierde la calidad de la educación, cuando en realidad esto nunca fue su objetivo. Es una reforma laboral de corte neoliberal, acorde a sus perspectivas educativas y con esa tendencia seguirá’’.

Lo que cabe preguntarnos, agregó, es ‘‘como responderá una autoridad que enfrenta una situación muy compleja. Por un lado tiene a un sector magisterial que con buenos argumentos rechaza este esquema, y por otro al sector empresarial muy poderoso que presiona para que se aplique como está’’.

Por su parte, Etelvina Sandoval, experta en la formación de docentes, aseguró que ‘‘vivimos la paradoja de una reforma educativa sin proyecto pedagógico. Su objetivo es establecer mayores mecanismos de control administrativo y laboral del magisterio’’.

Se busca, afirmó finalmente, ‘‘crear docentes desechables y sin plaza base. No hay un verdadero interés por mejorar la educación de millones de mexicanos, porque el problema de fondo es que no se discute qué proyecto educativo queremos y qué profesores se necesita formar’’.