La compra del voto es una nueva conducta penalizada en la ley electoral, que se castiga con multa y prisión de hasta tres años para los servidores públicos, líderes partidistas o ciudadanos que sean sorprendidos cometiendo esa falta, aseguró el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Mario Velázquez, quien consideró que esos delitos seguirán afectando el desarrollo democrático de la ciudad y del país si la ciudadanía –que lo padece directamente– no lo denuncia para que se persiga y sancione.

En entrevista con este diario, el titular del árbitro electoral para la contienda que se desarrollará en esta ciudad el próximo 7 de junio, detalló que en la nueva Ley General de Delitos Electorales se incluyó esa práctica de la compra de votos –y otras conductas similares–, y que será en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), donde recaiga la responsabilidad de atender esos ilícitos.

No obstante, precisó que esta fiscalía estableció ya una serie de elementos de coordinación con el IEDF para atender esas denuncias, de llegarse a presentar antes o durante las votaciones locales, entre las que se encuentra el despliegue de agentes del Ministerio Público en distintos puntos de la ciudad de México, para recibir las querellas de la gente que sea testigo o enfrente un caso de ese tipo, y añadió que también se dispone del Fepadetel (01800 833 72 33) para hacer las denuncias correspondientes.

Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral local, llamó a los ciudadanos a denunciar prácticas indebidas en pro del votoFoto La Jornada

Velázquez Miranda detalló que en el artículo 7, fracción séptima, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se puntualiza que se impondrá de 50 a 100 días multa, y prisión de seis meses a tres años a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación.

Para el titular del IEDF, esa conducta atenta contra los principios a los cuales se encuentran obligados los partidos políticos y sus militantes, de mantener las condiciones de equidad.

Ante ello, pidió a los líderes de todos los institutos políticos con registro en esta ciudad a hacer un llamado a sus militantes y candidatos a que se abstengan de incurrir en la compra de votos, pues de ser sorprendidos pueden ser ser sujetos de una sanción.

–¿Es suficiente tenerlo tipificado en la ley para frenar esas conductas?

–Es importante tenerlo en la ley, pero lo más importante es que los ciudadanos denuncien; eso ayudaría a hacer más efectiva la norma. El solo hecho de tenerlo en la ley no garantiza que esas conductas se eliminen.

Apelamos a esa intervención de la ciudadanía; quién mejor que los propios votantes que son objeto de ese condicionamiento del voto los que denuncien. Es un hecho que ninguna autoridad electoral tiene toda la estructura para una vigilancia permanente, de ahí que los ciudadanos se conviertan en observadores y denuncien esas acciones irregulares y no queden impunes.