A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Migración, organizaciones civiles afirmaron que la implementación de esta normatividad ha carecido de efectos positivos en la vida de la población en tránsito.

Aún no existe armonización de la ley con las normas en 32 entidades federativas, mientras que el control y verificación siguen siendo arbitrarios, incluso contrarios a la Constitución, afirma el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.

Este colectivo envió al Senado un paquete de propuestas de reformas a esta ley, con el propósito de conseguir reformas en artículos que, a su juicio, causan impacto de manera negativa en los derechos humanos de los extranjeros en esta condición.

La propuesta incluye cambios en favor del acceso a la justicia, las condiciones de detención y alternativas en el proceso administrativo migratorio, entre otros.

El objetivo del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria es asegurar que la privación de la libertad sea una excepción y no la regla para la población migrante, porque entrar al país de forma irregular representa una falta administrativa y no un delito, se advierte en el pronunciamiento de este grupo (www.gtpm.org.mx).

Sin embargo, lamenta que las reformas a ley y su reglamento, hacia una mayor protección de las personas migrantes, siguen sin ser discutidas en el Legislativo.

Crece flujo migratorio

Cifras oficiales del primer trimestre de este año muestran un aumento de 77.3 por ciento en la repatriación de extranjeros respecto del mismo periodo de 2014, al pasar de 22 mil 539 a 39 mil 960.

De este grupo, 85.1 por ciento de las personas volvió a su país con base en el programa de retorno asistido, operado por el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación; 13.4 por ciento de los enviados eran menores de 18 años, y sólo 1.5 por ciento fue deportado, es decir, expulsado por violación a ciertos artículos de la ley en la materia.

Hay un ligero avance en las autorizaciones de refugio, pero continúan como un porcentaje ínfimo respecto del tamaño del flujo indocumentado.

Gobernación autorizó 60 casos de enero a marzo, 23 más que en el primer trimestre del año pasado; en este mismo comparativo, los casos de apoyo del Estado mexicano pasaron de 15 a 39, de nacionalidad salvadoreña; de 18 a 10, en el caso de procedentes de Honduras, y de 1 a 10 de guatemaltecos, pese a que este último es el principal grupo en tránsito.

Aunque no se detalla el número de solicitudes de refugio recibidas, el número sería mínimo si se considera que 43.9 por ciento de los extranjeros presentados ante el INM son guatemaltecos y 32.5 hondureños.  

Como se informó en este diario, hay un repunte sin precedente en cuanto a extranjeros sin documentos llevados ante la autoridad. Igualmente, la mayoría fueron repatriados (14 mil 752 de los 16 mil 942 mencionados).

En marzo pasado se reportaron 16 mil 942, contra 10 mil 502 durante el mismo mes de 2014.

En tanto, el número de migrantes rescatados pasó de 805 a 622 en el trimestre aludido; es decir, 22.7 por ciento menos. La mayoría de los rescates (atendidos por los grupos Beta) ocurren en Sonora.

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria pide también una restructuración del INM, en particular respecto de la operación de las estancias migratorias.