La negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de informar sobre los mandos militares que estuvieron al tanto de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y sobre las características del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, se basa en que, de hacer públicos dichos datos, se pondrían en riesgo las acciones que realiza el personal militar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Además, según la dependencia, se pondría en peligro la seguridad del personal de dicha unidad operativa, dadas las circunstancias de violencia e inseguridad que imperan en el país a consecuencia del crimen organizado.

La Sedena tampoco reportó que algún militar perteneciente al 27 batallón de infantería haya sido sancionado administrativamente por su actuación u omisión durante la desaparición de los normalistas, ocurrida los días 26 y 27 de septiembre pasado, a pesar de los testimonios de algunas víctimas y sus familiares en el sentido de que pidieron el apoyo a los soldados porque habían sido agredidos por la policía municipal, y que a pesar de eso no intervinieron.

En respuesta a una solicitud de información presentada por este diario, la Sedena se negó a responder a una serie de preguntas sobre la actuación de los militares, aun cuando no se pidieron datos personales y que algunos son del dominio público.

Se pidió a la Sedena que diga ¿cuántos elementos conformaban el 27 batallón de infantería el 26 de septiembre de 2014? Se requirió una lista que incluya a cada uno de los elementos con su grado y responsabilidad; no era necesario que se detallara el nombre de cada militar.

Además, cuántos elementos continúan encuadrados en ese batallón, así como una lista de los militares que hayan sido cambiados de adscripción, que incluya su cargo y su grado, así como el destino al que fueron enviados.

Tras negar que contara con la información requerida, la Sedena argumentó que de dar a conocer la cantidad de elementos que integran las unidades del Ejército Mexicano, los grados de quienes las encabezan, así como la cantidad de personal militar que integra cada batallón de infantería y su orgánica desglosada por grados militares, se pone en riesgo las acciones que el personal militar realiza contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Aseguró que los integrantes de la delincuencia organizada conocerían y estarían en condiciones de estimar la fuerza y capacidad de las tropas del citado batallón, obstaculizando y neutralizando sus actividades, lo que provocaría disminución de la efectividad de las operaciones militares. Asimismo, se pondría en riesgo la vida, la salud y la seguridad del personal.

Además de que podría darse el caso que los grupos transgresores de la ley superen en número y armamento y planeen acciones contra el personal militar.

Es del conocimiento público que el comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, general Raúl Gámez Segovia, y el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, se mantienen en su cargo desde el día en que los normalistas fueron desaparecidos.