Si bien el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya desechó la petición priísta de atraer la elección de gobernador, legisladores y alcaldes de Sonora, que argumentaba la injerencia del mandatario local, Guillermo Padrés, y la parcialidad de la autoridad estatal, consejeros de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales acudieron a ese estado para sostener encuentros con diversos actores y conocer la situación que prevalece dos semanas antes de los comicios.

No tenían previsto un encuentro con el mandatario local, a quien el Partido Revolucionario Institucional (PRI) adjudica un conjunto de acciones que han terminado por afectar de manera importante la contienda y que en su momento motivó una petición formal al INE para atraer los comicios, situación viable tras la reforma electoral de 2014, pero bajo ciertos supuestos en cuanto a tiempos de la solicitud, sus alcances y los actores que promueven la exigencia.

El Consejo General desechó la demanda del representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, por considerarla improcedente, en virtud de que, entre otros aspectos, fue promovida por un actor no autorizado para ello, pues esas atribuciones –solicitar al INE la atracción de un proceso electoral– son exclusivas de los consejeros electorales. Deben ser por lo menos cuatro integrantes del INE o la mayoría del Consejo General del respectivo organismo público electoral.

En efecto, uno de los supuestos incluidos en la ley, correspondientes a causales de petición, señala que una promoción puede realizarse si se acredita fehacientemente la injerencia de uno de los poderes en la entidad en el proceso electoral, lo cual, para el PRI, estaba acreditado en el caso de Padrés, pero no en los otros criterios legales.