Chilpancingo, Gro.

Al cumplir 12 días en huelga de hambre en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) en Tixtla, exigió al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, cumpla con su promesa de impulsar una ley de amnistía para los ‘‘presos políticos’’ en la entidad.

En carta dirigida a la opinión pública, el dirigente social denunció que en Guerrero ‘‘el Poder Judicial no quiere respetar a la CRAC-PC, ni la ley 701 (de reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad), ni el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el cual reconoce los derechos de los pueblos’’.

Críticas a Córdova

‘‘Por eso estoy en huelga de hambre, para pedir a jueces, magistrados y a las instituciones de gobierno que respeten a nuestra institución CRAC-PC y las leyes que nos amparan’’, subrayó Molina González. Pidió a las organizaciones sociales y al pueblo de Tixtla que no lo dejen solo en su lucha: ‘‘Recuerden que Tixtla está considerado pueblo originario, con una población indígena superior a 40 por ciento’’.

Manifestó que los comentarios despectivos que el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, realizó contra el pueblo indígena chichimeca ‘‘son una muestra más de cómo nuestros representantes no respetan a las comunidades y pueblos originarios’’.