Mérida, Yuc.

El ayuntamiento de esta ciudad dispuso de 115 terrenos de su propiedad para saldar una deuda de más de 27 millones de pesos, reclamada por 13 particulares, y así evitar un embargo financiero del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA), dependiente del Poder Judicial estatal.

El intento de embargo del TJFA fue calificado este día por el alcalde panista, Renán Barrera Concha, de embate de las autoridades estatales, encabezadas por el priísta Rolando Zapata Bello, para descalificar a la administración panista en el cierre de las campañas electorales y confundir a la ciudadanía que saldrá a votar el 7 de junio. Llamó a defender a Mérida de esos presuntos ataques.

El ayuntamiento de Mérida es el principal centro de disputa entre el PRI y el PAN en estas elecciones; el municipio concentra 50 por ciento de la votación total del estado, alrededor de 750 mil potenciales votantes y salvo de 2010 a 2012 con gobierno priísta, de 1991 a la fecha, el PAN ha estado al frente de la comuna capitalina más de 22 años.

Barrera Concha, quien también es presidente de la junta de gobierno de la Conferencia Nacional de Municipios de México AC, explicó que desde marzo de 2014, dicho tribunal –especializado en resolver controversias financieras del ámbito estatal– sentenció al ayuntamiento a pagar 27 millones 726 mil pesos a 13 particulares que reclamaron la devolución del pago al impuesto sobre adquisición de inmuebles (Isai), un gravamen creado en 1999 por el gobierno estatal del priísta Víctor Cervera Pacheco; ahora es calificado de ilegal por las autoridades panistas, con el argumento de que se publicó en el Diario Oficial del gobierno del estado sin las firmas del gobernador y de su secretario de Finanzas, José Casellas. Por lo tanto, dijo el alcalde, carece de validez el gravamen, pero se sigue aplicando.

Aunque no especificó de qué bienes dispuso, agregó que el Tribunal Fiscal puede tomarlos para garantizar el pago de la deuda.

El panista recordó que el 15 de abril pasado, en sesión de cabildo, propuso una alternativa de pago consistente en saldar esa deuda fiscal en 10 años, a razón de 250 mil pesos mensuales y no descapitalizar al ayuntamiento y dejar sin una parte de servicios a la ciudad y sus habitantes. Los regidores del PRI votaron en contra y propusieron liquidar el adeudo de un solo pago. No hubo acuerdo.