La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información no obliga y deja en libertad de informar a la sociedad a los órganos constitucionales autónomos como el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y a la Fiscalía General de la República, una vez que ésta sustituya a la Procuraduría General de la República, informó el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Cecilia Licona, directora de Estudios de Constitucionalidad de ese órgano legislativo, expuso que las instancias con obligaciones de transparencia serán los partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos, además de los sujetos obligados del sector energético, quienes deberán garantizar la máxima publicidad en cuanto contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedad y demás actos de Estado.

Durante la conferencia Análisis de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la investigadora adujo que la nueva legislación señalará los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho y acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

También abarcará a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, los estados y municipios.

El gobierno está obligado a fomentar que la población exija la difusión de datos y éstos deben ser accesibles, relevantes, de calidad y confiables.

En su exposición ponderó el registro de servidores públicos sancionados que posee la Secretaría de la Función Pública, pero ante la realidad del país se requiere un registro nacional de éstos en los tres niveles de gobierno, incluyendo las empresas que mantienen contratos con las instituciones del Estado y han sido sancionadas o inhabilitadas.

A esto se suma el registro preciso de los montos asignados en materia de comunicación social y publicidad; concesiones, litigios, licencias, convenios, permisos o autorizaciones otorgadas; solicitudes a las empresas concesionadas de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el registro de comunicaciones y la localización geográfica.