El Senado de la República prepara una reforma que tiene como finalidad sancionar a las empresas que laven dinero del crimen organizado. Se trata de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que ayer se discutió en un foro al que asistieron funcionarios y expertos.

El presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Barbosa, dijo que con esa legislación ya no veríamos casos como el de Oceanografía y OHL, y expresó su confianza en que el ordenamiento se apruebe en el próximo periodo de sesiones.

Explicó que existe una iniciativa que presentaron los senadores priístas Arturo Zamora Jiménez y Roberto Albores Gleason, en la que se propone que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea sancionada en casos revelación de secretos, delitos contra la salud y cometidos por servidores públicos, así como por encubrimiento.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, José Guadalupe Medina Romero, consideró positivo que se abra la discusión, ya que las bandas del narcotráfico aprovechan las estructuras empresariales y corporativas para delinquir.

La profesora y penalista española Victoria García del Blanco, quien impartió la conferencia magistral La responsabilidad penal de las personas jurídicas, dijo que se trata de una legislación complicada, porque existe gran variedad de actividades empresariales, por lo que se requiere que incluya controles adecuados para no lesionar a las empresas que actúan de acuerdo con la ley.

La coordinadora de máster en derecho penal económico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, señaló que las legislaciones propuestas en España y México para incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas son similares.

Indicó que en ambas se debe delimitar el ámbito de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y debe ser una norma clara, que establezca reglas de control adecuadas para las empresas, para que en caso de que los directivos o empleados cometan un delito, las personas jurídicas no tengan responsabilidad si han actuado conforme a la ley.

El Estado debe responder contundentemente a las conductas ilícitas colectivas en el mundo económico, que aprovechan las estructuras empresariales y corporativas para tratar de encubrir las responsabilidades penales de carácter individual.

Precisó que las empresas deben elaborar un mapa de los peligros delincuenciales que se pueden cometer durante sus procesos de producción, lo que depende de sus actividades.

Arturo Zamora, vicepresidente del Senado, dijo que gran parte de la técnica legislativa adoptada en años recientes ha sido diseminar modelos delictivos en leyes especiales, lo que genera el desconocimiento, a veces, de quien debe cumplir la ley y, por tanto, no se cumple con el fin de la norma penal en el carácter preventivo.