Buenos Aires.

El informe de la junta médica citada por la fiscal Viviana Fein, quien dirige la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado con un balazo en la cabeza en su departamento el 18 de enero pasado, ratificó puntos claves de la autopsia, que llevaba a la conclusión más cercana a un suicidio, realizada por los peritos más importantes de la Corte Suprema de Argentina.

Trece peritos oficiales integraron esta junta médica incluyendo el que puso la defensa del técnico informático Diego Lagormarsino, quien entregó una pistola solicitada por Nisman la tarde del 17 de enero, misma que fue identificada como el arma que estaba junto al cadáver de Nisman.

El cuerpo de Nisman fue encontrado en el baño de su departamento, cuyas puertas estaban cerradas por dentro, la tarde del 18 de enero; la primera en llegar al lugar fue su madre.

Los peritos concluyeron que ninguna de las observaciones presentadas por la querella de la juez Sandra Arroyo de Salgado, su ex esposa, indican con certeza que lo mataron, como ésta intenta imponer en la causa.

Ante la fiscal Fein respondieron 25 preguntas la mayoría intentando conocer si existía la posibilidad de un homicidio, teoría que fue instalada por la querella y que comenzó a atrasar y complicar la investigación y establecieron que no hay ningún elemento médico legal que nos permita afirmar que esto fue un homicidio.

Se ratifica que la muerte se produjo el domingo 18 de enero entre la mañana y la media tarde, 24 horas antes de la autopsia.

La junta médica fue pedida por Fein debido a que Arroyo Salgado se presentó con dos peritos quienes instalaron la teoría de que a Nisman lo mataron y que esto sucedió el sábado 17 de enero. Pero la autopsia no dio indicios de intervención de terceros. También hay crítica para los forenses Julio Ravioli y Osvaldo Raffo que representan a Arroyo Salgado, quienes están señalados por intentos de obstaculizar la junta médica es posible que este viernes se reúnan los criminalistas, que tienen avanzada la evaluación sobre las manchas de sangre, y esto será determinante.

La fiscal, que comenzará a analizar el contenido de los dos informes que recibió, cuestionó a los peritos de la querella por no responder las interrogantes planteadas por el ministerio público fiscal.

El informe de la junta médica tiene 203 folios elaborado con alto rigor científico por el cuerpo médico forense, señaló Fein.

Del texto se desprende que todos los interrogantes planteados por el ministerio público fiscal no fueron respondidos por los peritos de la querella en el marco de la junta médica. Tampoco acercaron al decanato su informe previo al documento final para ser suscrito por todos los integrantes. Su postura debía quedar asentada en cada uno de los puntos, aclaró en un comunicado la fiscalía.

También se recuerda que el pasado 12 de mayo todas las partes fueron notificadas en tiempo y forma que debían concurrir al Cuerpo Médico Forense a la reunión prevista para el viernes 15 a las 8:30 para suscribir el informe final. Sin embargo, la parte querellante no se hizo presente en el horario fijado y entregó en sobre cerrado su propio informe a la fiscalía, explicó.

Fuerte reclamo de autocrítica

Organismos de derechos humanos y abogados hicieron un reclamo de autocrítica ante los tribunales repudiando las resoluciones que obstaculizan el juzgamiento a responsables civiles del terrorismo de Estado. El documento entregado exige una profunda revisión del rol de jueces y reúne las firmas de abogados, de víctimas, querellantes y organizaciones sociales y políticas.

Cuando los abogados solicitaban una entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti fueron enfrentados por custodios, mientras en la calle se veían grandes carteles, donde mencionaban a las grandes causas obstaculizadas, y se solicitaba juzgar a los civiles, magistrados cómplices de la dictadura pasada y empresarios, que son protegidos por jueces en distintos lugares del país.

Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad, sostuvo que en la última reunión de abogados se expresó una preocupación creciente a raíz de los últimos fallos, sobre todo el fallo de Casación por Carlos Blaquier (dueño del Ingenio Ledesma) y acusado por su complicidad en el secuestro y desaparición de trabajadores.

También hizo referencia al caso de Vicente Massot director del diario Nueva Provincia, acusado en el caso de trabajadores de ese medio, secuestrados durante la pasada dictadura, a la que Massot apoyó abiertamente. Precisamente en Bahía Blanca, donde era editado ese rotativo, la justicia actuó contra el juez que intentó dar los pasos necesarios para investigar el secuestro dedos trabajadores de Nueva Provincia, lo que desató un escándalo entre sobrevivientes y familiares. Ahora la justicia de Bahía Blanca amparando a Massot cuestiona la legitimidad de los fiscales.

Hugo Cañón, ex fiscal e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, dijo que existe un juego de pinzas realizado por los grupos de poder real, me refiero al poder económico, el poder periodístico monopólico y también sectores de la Iglesia que pueden parecer involucrados y desde ese lugar se busca una vuelta de página para cerrar la historia por caminos diversos, desde una ley de amnistía o terminación de los juicios.