El Tribunal de la Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) ha emitido 17 sentencias, en primera instancia, en las que determina la nulidad lisa y llana de las sanciones administrativas impuestas a funcionarios públicos por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la construcción de la línea 12 del Metro, informó el director de asuntos jurídicos y responsabilidades de la Contraloría General capitalina, Juan Carlos Ávila López.

En entrevista, el funcionario agregó que en otros cinco casos el tribunal ratificó, también en primera instancia, las sanciones impuestas por la contraloría y en dos más el juez pidió que perfeccione las motivaciones de las penas impuestas.

Ávila aclaró que todos estos fallos no son sentencias definitivas, se tienen que agotar los recursos de apelación correspondientes, e incluso llegar a una tercera instancia, un recurso ante un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, señaló que la Contraloría General apelará de los 17 fallos en su contra ante la sala superior del TCADF. En caso de llegar ante un tribunal colegiado de circuito, por la relevancia del asunto, podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso de los cinco funcionarios a los que se les confirmó la sanción, señaló que también tienen derecho de apelar ante sala superior del TCADF y como tercera instancia promover un amparo directo.

El funcionario consideró que podría ser hasta abril del próximo año cuando se resuelva de manera definitiva si se confirman las sanciones impuestas por la Contraloría General en su investigación sobre la línea 12 del Metro.

Explicó que de los 54 funcionarios sancionados por presuntas irregularidades en la construcción de la llamada Línea Dorada, 33 interpusieron juicios de nulidad en el TCADF, entre ellos el director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas –inhabilitado 20 años para ocupar cargos públicos–, cuyo proceso sigue en curso y se espera se dicte sentencia entre agosto y septiembre, aunque, dijo tenemos elementos objetivos para confirmar que se validará la sanción en su contra.

De los otros 21 servidores públicos castigados, explicó que 15 optaron por promover un recurso de revocación ante la contraloría, por lo que será la misma dependencia la que definirá si confirma las sanciones; mientras los seis restantes no interpusieron ninguna apelación.

Al respecto, el diputado local Jorge Gaviño, quien presidió la Comisión Especial creada en la Asamblea Legislativa para investigar el caso de la línea 12, dijo que el Gobierno del DF debe indagar la forma en que la Contraloría General fundamentó y presentó los expedientes de sanción, pues varios de los castigos fueron anulados por el TCADF.

En entrevista, manifestó que él ya había advertido que la contraloría estaba imponiendo sanciones desproporcionadas y que era previsible que se vinieran abajo, y así está ocurriendo.