La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en la revisión de la cuenta pública 2013 investigue los proyectos de inversión público-privados en exploración y explotación de hidrocarburos, así como indagar los riesgos de la efectividad en la cobertura petrolera.

En la presentación de las conclusiones y recomendaciones, también sugirió auditar el proceso de asignación de la ronda cero; esto, una semana después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó al Congreso de la Unión de la probabilidad de no contar con recursos para explotar los yacimientos asignados en exclusiva.

La comisión entregó al auditor Juan Manuel Portal Martínez un listado de solicitudes para revisar distintas obras y programas. Entre otras, “realizar una revisión integral del Sistema de Transporte Colectivo Metro y abundar en las irregularidades de la construcción de la línea 12 que llevaron a su cierre parcial.

También, los diputados plantearon la necesidad de auditar el impacto de la reforma fiscal en el rubro de gastos fiscales, así como las acciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria para acotar la evasión fiscal.

Sobre el sector petrolero, la comisión pidió aplicar una auditoría de los riesgos de la efectividad de la cobertura petrolera, así como otra de desempeño a la asignación de la ronda cero, que incluya a las secretarías de Hacienda y Energía, Pemex y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Para los legisladores esa auditoría debe incluir la revisión de la normatividad, determinación de bloques de áreas contractuales, mecanismos de licitación, transparencia, grado de discrecionalidad de los asignadores, reglas de operación, adecuación de los términos contractuales a las mejores prácticas internacionales, y el efecto de la migración de los contratos en los ingresos petroleros del gobierno.

Asimismo, requirió un estudio comparativo de riesgos de la experiencia histórica de asociaciones público-privadas en la industria petrolera mundial, que considere utilidad y producción compartidas, contratos de servicios múltiples e incentivados, así como concesiones que en conjunto afecten la renta petrolera de países expuestos a la participación privada.

Los diputados pretenden que se conozcan los efectos por pérdida de renta petrolera debido a asimetrías de información; limitación del gobierno para auditar costos de las empresas que participan en exploración, explotación y extracción de petróleo; gastos deducibles excesivos en favor de petroleras privadas; baja protección frente a disputas y arbitrajes internacionales; juicios multimillonarios en disputas, entre otros.