Activistas y funcionarios públicos que participaron ayer en el primer día de trabajos del séptimo Foro Nacional de Seguridad y Justicia advirtieron que la principal amenaza para la aplicación de la reforma de justicia penal de corte adversiarial, que incluye los juicios orales, es la complicada situación en que se encuentran las policías, principalmente las municipales y estatales.

En la primera mesa de debate denominada Una policía a la altura del sistema acusatorio, los participantes –reunidos en el auditorio del Centro Médico Nacional– dijeron que sin policías bien capacitados se corre el riesgo de que los fiscales pierdan los casos ante los jueces de oralidad.

Los expertos que participaron en la mesa fueron Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato; Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León; María Elena Morera de Galindo, presidenta de la asociación civil Causa en Común, y Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Más tarde, en la última mesa del día en la que habló sobre la situación de las víctimas, Renato Sales, coordinador nacional antisecuestro, aseguró que en meses recientes va a la baja la tendencia del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.

De enero a abril de 2015 se contabilizaron 394 averiguaciones previas por secuestro, comparado con la cifra de enero a abril de 2014, que fue de 553, representa una disminución de 35.7 por ciento, refirió.

Agregó que hubo un ligero repunte en abril respecto de marzo, pero eso no significa que la tendencia a la baja no continúe, pues el delito de secuestro sigue a la baja.

En días pasados varios activistas que asesoran a víctimas de secuestro informaron que, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la ley de transparencia, de enero a febrero pasado las investigaciones por ese delito bajaron, pero se incrementaron durante marzo y abril.

En la mesa uno activistas y funcionarios señalaron que para una correcta aplicación de la reforma de justicia penal se requieren leyes pendientes, como las de delincuencia organizada, justicia para adolescentes, justicia militar y nacional de ejecución penal, entre otras, para complementar el sistema penal acusatorio.

María Elena Morera advirtió que ante debilidad de los diversos cuerpos policiacos, los criminales pueden ganar casos a los jueces.