El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) anuló las sanciones impuestas por la Contraloría General del gobierno capitalino a cuando menos siete ex funcionarios de esta administración, por su presunta implicación en las irregularidades cometidas durante la construcción y mantenimiento de la línea 12, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que llevaron a la suspensión de 11 estaciones, en marzo del año pasado.

Esos fallos fueron ya impugnados por las autoridades locales ante la sala superior del TCADF, donde se prevé que su resolución se emita después del 7 de junio.

De acuerdo con información de esa instancia, los juicios en los que se le propinó un revés a la Contraloría capitalina fueron comenzados a finales del año pasado, pero resueltos este año, y están clasificados con los numerales I-60103, I-60202, I-60301, II-59106, II-59-606, II-79906 y IV-57712.

Durante una entrevista, la titular del tribunal de lo contencioso, Yazmín Esquivel Moss, destacó que 35 ex servidores del Metro habían presentado 71 recursos de nulidad con la finalidad de librar las sanciones impuestas por la Contraloría, que iban desde suspensiones e inhabilitaciones, hasta la imposición de multas económicas, con el argumento de haberse encontrado elementos suficientes de su participación en las irregularidades detectadas en la llamada línea dorada. (La Jornada, 11 de febrero de 2015, p. 34).

En los siete casos que hasta ahora han tenido un fallo favorable a los ex funcionarios implicados, el TCADF argumenta que la Contraloría no fundamentó ni sustentó ni dio claridad a dichos señalamientos.

Así por ejemplo, en el juicio I-60103, promovido por Rafael Castro Torán, los magistrados de la primera sala ordinaria, José Luis Moctezuma Orozco, Carlos Manuel Rebolledo y Jorge Fernández Souza resolvieron anular la sanción de destitución e inhabilitación temporal por cinco años del ex funcionario del Metro.

Sustentan su resolución en que al analizar el expediente observaron que la Contraloría asigna dos distintos puestos a Castro Torán: por un lado reconoce su nombramiento como jefe de unidad departamental de vías, y en otra parte lo reconoce como residente de obra, lo que impide saber con certeza cuáles eran exactamente sus facultades y por cuál de los dos cargos se le sanciona.

Con respecto al juicio I-60301, los mismos magistrados de esa sala anularon la destitución e inhabilitación temporal por un año a César Serrano García, jefe de unidad departamental de residencia de obra C2, ya que luego de analizar el expediente confirmaron que la autoridad le atribuye actuaciones llevadas a cabo por la Subdirección de Costos y Concursos, de la Dirección de Administración de Concursos.

Destaca el fallo, que esa situación implica una indebida motivación, pues la imputación de una conducta constitutiva de responsabilidad administrativa no puede ser inferida como lo pretende la autoridad, si no (es) claramente específicada en la propia resolución controvertida.