l Poder Legislativo no es sólo el encargado de hacer leyes: sus integrantes son los representantes del pueblo y, por tanto, su misión es también debatir los problemas nacionales; así como limitar y equilibrar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la 62 Legislatura no representa, no debate, no limita: aprueba los proyectos del Ejecutivo y repite sus posicionamientos frente a los problemas más candentes. Así lo muestra su actuación ante un caso paradigmático: la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En ese caso, el Legislativo actuó sólo cuando Peña Nieto, 11 días después de la tragedia, se declaró indignado y consternado ante la información
(sí: 11 días después). Pasados dos días más (8 de octubre) el Legislativo instaló una comisión especial
integrada por un representante de cada fracción parlamentaria (siete) para dar seguimiento a las investigaciones
. El presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya, declaró que el tema
era presa de un “manejo político… escandaloso” y pidió a sus colegas tener la sensibilidad necesaria para estar en permanente comunicación con las familias de las víctimas
.
La comisión se reunió con el procurador, con el secretario de Gobernación, con representantes de la ONU, de ONG y del Ejército. El informe de sus pesquisas no contenía ninguna conclusión operativa ni daba cuenta de ninguna acción efectiva. Sus integrantes no se reunieron nunca con los familiares de los estudiantes, ni con los supervivientes. Ni siquiera fueron a Iguala o Ayotzinapa, pues era peligroso
. Como señala Flor Goche en un muy completo reportaje de Contralínea no habían turnado, aprobado, desechado ni atendido una sola minuta, iniciativa o proposición
. Mucho menos, cuando varios integrantes de la comisión hicieron suya la verdad histórica
de Murillo Karam.
Los legisladores recibieron, entre otros informes, el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuya integración fue aceptada por el Estado mexicano. El 3 de noviembre de 2014 este grupo difundió un informe en el que describe las inconcebibles contradicciones entre las instancias federales, estatales y municipales (incluida la CNDH). Tras el devastador análisis, los expertos sugirieron impulsar cambios legislativos e institucionales; reconocer la dimensión del problema de las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con protocolos; eliminar obstáculos jurídicos y fácticos que reduzcan la efectividad de la búsqueda de personas; crear un instituto nacional de servicios forenses autónomo; aprobar una ley general e integral sobre desapariciones; así como no estigmatizar a las víctimas de la violencia
. ¿Lo atendió la 62 Legislatura? De dientes afuera.
El 19 de febrero una comisión del Legislativo se reunió con parlamentarios europeos preocupados sobre el tema, que mostraron a sus pares mexicanos su extrañamiento por la no resolución del caso Ayotzinapa. Los senadores priístas Omar Fayad y Blanca Alcalá respondieron que en dos meses el gobierno había detenido a los responsables materiales e intelectuales y el caso estaba cerrado. Fueron los eurodiputados quienes mostraron los escalofriantes números de la desaparición en México, que hacen palidecer a la dictadura militar argentina. Fueron los eurodiputados quienes recordaron a sus pares mexicanos que todos los expertos y las instancias independientes rechazan la verdad histórica
de Murillo y los senadores priístas. Y les preguntaron: ¿cómo se comunican ustedes con la sociedad?, ¿cómo se organizan, si es que se organizan?, ¿a través de qué consultas sociales?, ¿cómo se comunican ustedes con las familias del caso Iguala?
No oyen, no ven, no escuchan. Tampoco entonces, los legisladores mexicanos acusaron recibo de lo que se les decía alto y claro.
El 29 de abril se aprobó la reforma al artículo 73 constitucional, que tipifica la desaparición forzada. Durante su discusión en el Senado se pronunciaron discursos escalofriantes: más allá del reconocimiento de que la desaparición forzada es una constante en nuestra historia contemporánea, escuchamos a los senadores plegarse a la verdad histórica
del Ejecutivo federal o simple y llanamente hacer campaña electoral. Ayotzinapa pasaba así a la lista de pendientes: un asunto más a analizar en un futuro indefinido. A ninguno parecía inquietarle el destino de los 43 normalistas.
En los medios y las redes se ha publicado ingente información. Poca y pobre ha sido la que da cuenta de las acciones de la 62 Legislatura. Sólo una está relacionada con el arte y privilegio de legislar: la reforma al artículo 73. Por ahí, opiniones y comentarios a título personal. No vale la pena citarlos: son sólo eso, opiniones. En realidad, omisiones, silencios cómplices, que pintan a los integrantes de la 62 Legislatura como lo que son, con contadas excepciones: un conjunto de individuos pusilánimes que representan únicamente sus intereses de grupo, que dan la espalda a los grandes temas nacionales.
Twitter: @PASalmeron
