Los casi 600 mil productores de frijol, por quinto año consecutivo, no visualizan una mejoría en sus ingresos. Presionados por intermediarios y grandes comercializadoras, afectados por el aumento de las importaciones –en promedio, cien mil toneladas anuales– y sujetos a las condiciones climáticas, reciben un precio de 11 mil pesos por tonelada, que poco les ayuda a recapitalizarse. Sus pérdidas no son sólo económicas, también de arraigo; cientos de ellos abandonan sus lugares de origen en busca de mejor ingreso para sostener a su familia.

Generar 78 millones de jornales, invertir sus raquíticas ganancias anuales y hasta endeudarse para sembrar 1.7 millones de hectáreas para ofrecer a los consumidores 70 variedades de frijol negro, amarillo, blanco, morado, bayo, pinto y moteado, no cuentan para el mercado. Afectados por el declive de los precios desde 2010, afrontando costos de producción que superan 8 mil pesos por hectárea, estos agricultores se niegan a desaparecer. Salen a las carreteras y se plantan en las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y en las de gobiernos estatales para reclamar que los han dejado en el olvido.

Son los más golpeados por el neoliberalismo, pues se les quitó la posibilidad de competir en el mercado mundial y están sujetos a los precios impuestos por los acopiadores o comercializadores, quienes controlan el mercado de la leguminosa. En el país, seis empresas dominan 80 por ciento del acopio y 10 comercializan 70 por ciento del producto, señalan Manuel Ortega y Alejandro Serrano en su análisis El poder del mercado de los monopolios en la industria agroalimentaria en México, integrado al estudio Monopolios, control de mercados y pérdida de bienestar de los consumidores, coordinado por Ortega Herrera y Alfonso Ramírez Cuéllar.

Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón, precisó que las empresas Digrava, Sámano, El Alazán, Verde Valle, Asia, Chetinos, Nor Ver, Impala, Grupo Bueno y La Costeña son las principales acapadoras y distribuidoras del segundo alimento básico en la dieta de los mexicanos, después del maíz. Y han desplegado en el país a sus acopiadores, los cuales con el pretexto de las normas de calidad establecen rangos de dos a 10 por ciento de mermas, equivalentes hasta 100 kilogramos de castigo por tonelada.

Dichos acopiadores, explicó, compran fiado y pagan en promedio 90 días después de recibir la producción; regularmente comienzan con certificados de depósito otorgados por las almacenadoras, sin tener el producto en físico, lo que constituye una estrategia para comprar a precios castigados.

Agregó que el programa de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) para apoyar la comercialización de la leguminosa para Chihuahua, Durango y Zacatecas –tres de los nueve principales estados productores– beneficia a una mínima parte de los productores. El incentivo es insuficiente para sostener la producción del alimento. No se considera el costo de producción invertido en una hectárea de temporal, que en promedio es de 8 mil 100 pesos y cuyo rendimiento es de 750 kilogramos, con el precio y el incentivo no se resarce la descapitalización que sufren los agricultores de la leguminosa.

En la reglas para otorgar dicho incentivo, correspondiente al ciclo primavera verano 2014 –de 2 mil pesos por tonelada para los productores hasta de 40 hectáreas en Chihuahua, y hasta de 20 hectáreas en Durango y Zacatecas–, la Sagarpa señaló que la cobertura será únicamente para un volumen que no rebase 200 mil toneladas para las variedades negro, pinto y claro.

A manera de justificación del bajo precio, expuso: “no obstante que se estimó una disminución de la cosecha nacional del ciclo PV 2014, de alrededor de 6 por ciento, en relación con el ciclo similar anterior –en el que se obtuvieron un millón 29 mil toneladas–, los productores continúan comercializando una parte del volumen en calidad de campo, en perjuicio de sus ingresos derivados de la venta del grano, situación que enfrentan los productores de Chihuahua, Durango y Zacatecas, donde se obtuvo el mayor volumen de la producción”.

Con una producción con altibajos en la década pasada y con una disminución en el consumo debido al cambio en los hábitos alimentarios alterados por el urbanismo, la migración y el empleo, ahora los productores son presionados por las autoridades para bajar la producción, la cual ha estado sujeta a fuertes altibajos. Hace 10 años se producían 1.5 millones de toneladas, en 2008 cayó la producción a 827 mil toneladas, y el año pasado fue de 1.2 millones de toneladas; el valor de la producción cayó en casi 7 por ciento y el precio medio rural disminuyó 22 por ciento.

Pese a este panorama, los agricultores aseguran que son capaces de cubrir la demanda interna de 1.4 millones de toneladas, si las autoridades los ayudan a romper los monopolios del mercado y a dejar de importar la leguminosa en temporada de cosecha.