Una vez que se promulgó la Ley General de Transparencia, la segunda etapa apunta a la adecuación que requieren los órganos garantes estatales, donde los indicadores arrojan una disparidad sustancial en las legislaciones que deberá corregirse: estructuras operativas desiguales y diferencias presupuestales abismales. A partir del nuevo marco legal, deberá transcurrir un año para adaptarlas, aunque, en el ámbito presupuestal, 2016 será complejo.

Se trata de unificar disposiciones. Establecer un piso igual para todos los estados. Hay algunos que han desarrollado una legislación puntual que incluye varios puntos de la ley general, pero hay que eliminar disparidades en las entidades para dar la misma garantía a un mismo derecho fundamental, advierte la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente.

Un estudio de Fundar, denominado Los estados, el mayor reto para la transparencia, destaca: La Ley General de Transparencia robustece la garantía del acceso a la información y da el banderazo de salida para las reformas a nivel estatal. El 50 por ciento de las leyes estatales están reprobadas y tienen grandes rezagos en transparencia según los resultados 2015 del Índice de Acceso a la Información en México (Idaim), pese a que fueron reformadas en los años recientes.

El Idaim es un instrumento de medición de las leyes de transparencia construido a partir de las mejores prácticas nacionales e internacionales y los estándares constitucionales en la materia. Según este indicador, 17 leyes estatales están reprobadas, las de Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Querétaro, Yucatán, Baja California Sur, Hidalgo y la ley federal.

Los presupuestos

Otro flanco débil en los órganos garantes es el presupuesto. Si el Inai recibió 43 por ciento de incremento presupuestal para esta transformación derivada de la reforma constitucional, 2016 se visulmbra complejo para que los órganos garantes reciban aumentos, pese a que la carga de trabajo se incrementará.

Actualmente la asignación presupuestal es muy dispareja: el estado de México tiene 86.7 millones de pesos (y es considerado por el Idaim uno de los más rezagados, en el lugar 25); Hidalgo, con 16.1 millones, es el peor calificado, seguido de Baja California Sur (que tiene 6.7 millones de presupuesto) y Yucatán (25 millones de pesos).

El factor presupuestal es un rubro a corregir para equilibrar la transparencia, afirma el comisionado Joel Salas. Hay estudios que revelan la disparidad en términos de recursos per cápita asignados en cada entidad, y hace evidente que algunos no tienen capacidad económica para hacer frente a la demanda, situación que deberían corregir los congresos en esta coyuntura.

Para el consejero Francisco Javier Acuña, el riesgo de incumplimiento del nuevo marco legal con los presupuestos actuales es total. No hay duda que requieren más recursos. Hemos defendido su integridad, su derecho a hacer su trabajo en los estados, tan incomprendido, donde esta vocación autoritaria se manifiesta de otra manera. Si los congresos no los amparan, están condenados a la inopia.

Sin embargo, el eje central de la transparencia es equiparar el acceso a la información en los estados, pues en este ámbito, anticipa Fundar, no será suficiente con reformar; es indispensable hacerlo con base en los criterios de la Constitución y la ley general.

Esto implica –agrega– un cambio para los estados, pues la mitad no contemplan la figura del comité de información, el cual es un filtro para evitar reservas de información mal fundadas o declaratorias de inexistencia cuando no sea el caso.

Es necesario, además, el reconocimiento expreso del acceso a la información como derecho humano que sigue pendiente en 24 leyes, aspecto fundamental para interpretaciones garantistas del acceso a la información. También se debe preservar la generación de información y establecer como obligación documentar todo acto que derive de las facultades, responsabilidades o funciones de los sujetos obligados”.

Un tercer factor para asegurar el derecho de acceso a la información es la integración de los órganos garantes.

Para la presidenta del Inai, seria importante que en cada ley se incluyeran procesos abiertos, como en la conformación en el Inai, que se hizo de cara a la sociedad. Procesos donde haya colaboración de los poderes con la sociedad.

–¿Habría que despartidizarlos?

–Ciudadanizarlos –matiza Ximena Puente.