El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Querétaro, Roberto Loyola Vera, incurrió en simulación de actos jurídicos y abuso de su calidad de notario, al ejercer esa profesión al mismo tiempo que se desempeñaba como presidente municipal de la capital del estado.

Según documentos que posee este diario, Loyola Vera cobró sus servicios notariales a particulares través de una sociedad civil creada para obtener ganancias privadas, con el propósito de no afectar su paso por el servicio público.

El artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, así como los artículos 263 (fracción décima), 270, 271, 272 y 273 del Código Penal de la entidad, sancionan el desempeño irregular de la función pública, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y promoción de conductas igualmente ilícitas.

En 1997, cuando su hermano Ignacio ocupaba la gubernatura del estado, Roberto Loyola Vera fue designado notario número 35 de la entidad. El fiat –o permiso para ejercer esa profesión– lo otorgan los gobernadores. En el caso de Roberto Loyola, los argumentos del gobierno para justificar dicho nombramiento se sustentaron en ‘‘la dinámica demográfica, los intensos flujos de migración y el crecimiento económico’’ del estado.

Años después, el 3 de enero de 2011, Roberto Loyola ocupaba la secretaría general de Gobierno del estado. Previamente, en diciembre de 2010, solicitó licencia temporal para no ejercer la función notarial, como exigen los artículos 25 y 27 de la Ley del Notariado. Esa norma le impedía dar fe en cualquier escritura, y por tanto, de cobrar honorarios.

Eludió obligaciones legales

Meses después, el primero de octubre de 2012, rindió protesta como alcalde del municipio de Querétaro (capital) y también quedaba obligado, por la misma Ley del Notariado, a no ejercer ni cobrar por sus servicios, y mucho menos a ejercer esa función.

No obstante, el hoy candidato del PRI, que se ha negado reiteradamente a declarar si en su entorno persiste el conflicto de intereses, eludió las obligaciones legales. El 17 de diciembre del 2012, a través del acta constitutiva 82 mil 780 y con fe del notario público número 7 de Querétaro, Roberto Loyola Vera y Alejandro Duclaud Vilares (notario adscrito a la notaría 35 del ahora candidato, y por tanto su socio), constituyeron una sociedad denominada Servicios y Logística Notarial, Sociedad Civil.

Ésta quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el folio de persona moral, con número 010548/01, el 19 de febrero de 2013.

La documentación, de la que se tiene copia, determina que Loyola Vera es poseedor de 60 por ciento de las acciones de la sociedad y a Duclaud Vilares le corresponde el 40 restante. Aun cuando era presidente municipal de Querétaro, quedó asentado en el acta constitutiva que Roberto Loyola Vera fungía como administrador de la sociedad, con los poderes más amplios.

En la cláusula segunda del acta constitutiva de Servicios y Logística Notarial SC, se establece que su objeto social es la prestación de servicios en el auxilio de funciones notariales y la redacción de toda clase de instrumentos en esa materia.

Con dicha licencia la sociedad civil desempeñó las funciones de notario público, no obstante que la función pública del notario es personal y no puede delegarse a terceras personas, como la misma Ley del Notariado lo define.

Todas las facturas que emite la notaría 35, de Roberto Loyola Vera, son elaboradas por Servicios y Logística Notarial SC, con dirección en Fernando Loyola número 105, colonia San Ángel, CP 76030, Querétaro, Querétaro.