Querétaro, Qro.

La administración estatal, que encabeza el priísta José Eduardo Calzada Rovirosa, recibió entre 2014 y 2015 un presupuesto de 515.6 millones para la implementación del sistema penal acusatorio (juicios orales), de los cuales ejerció 442.2 millones y no puso en marcha la última etapa del proyecto, lo que provocó que la consolidación del sistema se aplazara cinco meses, dieron a conocer legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

El pasado 26 de marzo, el Congreso local aprobó con 14 votos a favor y nueve abstenciones posponer cinco meses la aplicación del sistema procesal penal acusatorio en la zona metropolitana de Querétaro, pues el gobierno adujo que carece de infraestructura y recursos. En esa sesión diputados panistas consideraron que el gobierno estatal no cumplió la meta por falta de organización.

La diputada panista Leonor Mejía Barraza, presidenta de la comisión de administración y procuración de justicia, señaló que el Congreso local autorizó en 2014 al Ejecutivo estatal utilizar 258.1 millones de pesos para los juicios orales, pero ejerció 164.8 millones de pesos (un subejercicio de 93.3 millones), y para 2015 se le autorizaron 257.5 millones de pesos.

El argumento de gobierno del estado para aplazar la última etapa del sistema penal es que carece de fondos e infraestructura para ello, pues tenía planeado vender 91 bienes inmuebles, pero aún le faltan 77.

Maniobras en avalúos

En febrero de 2014 el Congreso local autorizó al gobierno estatal vender 91 inmuebles valuados en 194 millones 977 mil 539 pesos y con ese capital adquirir terrenos y construir instalaciones para el nuevo sistema penal; sin embargo, sólo se vendieron 14 bienes por cantidades no especificadas. El diputado priísta Gerardo Sánchez, hoy candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, explicó que el gobierno estatal no pudo comercializar todos los bienes porque no es una agencia inmobiliaria.

El avalúo de 42 de los 91 bienes fue inferior al valor catastral, según consignó la Entidad Superior de Fiscalización del estado (Esfeq) en su informe de la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al primer semestre de 2013. Acotó que, como el valor de 42 bienes inmuebles era inferior al catastral, la administración estatal omitió incorporarlo al ingreso estimado como valor real de enajenación. Sin embargo, en su padrón inmobiliario lo tiene cuantificado con valor catastral.

Enrique Correa Sada, diputado local panista y candidato a regidor de la capital, dijo que la administración estatal incumplió con la aplicación del sistema penal el 30 de marzo y adujo falta de recursos, pero sí le alcanzó para tinacos, pintura y cemento de los programas político-electorales de 2015.

Destacó que sólo 22 por ciento de los delitos son denunciados, pues el actual sistema jurídico no permite eficacia en la sanción.

Leonor Mejía se quejó de la manera “mañosa“ en que sus homólogos canalizaron a la comisión de planeación y presupuesto, encabezada por el priísta Braulio Guerra Urbiola, la propuesta de aplazar el nuevo sistema penal, al considerarlo un asunto económico. El dictamen fue aprobado de inmediato.

Los diputados del PRI aseguraron que hay tiempo suficiente para aplicar el nuevo sistema penal, pues el plazo vence en julio de 2016. Los juicios orales ya se aplican en 15 de los 18 municipios de la entidad, pero falta que se inicie en Querétaro, Corregidora y El Marqués.