Las políticas sociales para atacar la pobreza discriminan, excluyen y generan mayor desigualdad; además, tres de cada cuatro programas son opacos o dispersos, señaló Acción Ciudadana frente a la Pobreza.

La pobreza tiene el rostro de las mujeres, indígenas y jóvenes, pues hay siete millones de jóvenes con empleos precarios, casi 15 millones de mujeres en empleos fuera del mercado laboral y 16 millones de indígenas excluidos, sostuvo al presentar esta iniciativa Enrique Cárdenas, del centro de estudios Espinosa Yglesias.

El proyecto es integrado por decenas de académicos y organizaciones, y busca lograr en 2016 un presupuesto basado en resultados, eliminar las barreras que originan pobreza y desigualdad, promover una economía incluyente y el acceso efectivo a la salud.

Edna Blanco, de México Evalúa, dijo que la pobreza y la desigualdad tienen que ver con acciones y programas que no dan en el blanco. Es evidente, apuntó, que el factor determinante de la pobreza es el ingreso insuficiente y la principal carencia es la seguridad social.

El documento de presentación de la iniciativa explica que los pobres no pueden superar su condición por los trabajos precarios, pues se generan empleos que producen más pobreza. Resalta que la gente pobre trabaja mucho y sigue siendo pobre; hay barreras para la movilidad social ascendente y la pobreza se hereda por generaciones.

Agrega que cuatro de cada 10 mexicanos no puede alimentar a todos los integrantes de su familia con los ingresos de su trabajo y que 9.2 por ciento de jóvenes está desempleado, es decir, el doble de la población en general.

A unas semanas de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presente el informe de pobreza 2012-2014, esta iniciativa plantea que se deben exigir cambios de fondo para enfrentar las causas de la pobreza y la desigualdad.

El documento apunta que también hay prácticas privadas que generan pobreza y exclusión, como en el caso de los jornaleros, que viven en situación de esclavitud; los modelos de negocios que pretenden apropiarse de las riquezas naturales de las comunidades, así como la permanencia de acciones asistencialistas.

Se busca unir a miles de organizaciones con trabajo de base en comunidades rurales y urbanas, para llegar a una estrategia de Estado que articule el crecimiento económico incluyente y el ejercicio de los derechos sociales, explicaron integrantes de México Evalúa, de Gestión Social y Cooperación, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y de la Universidad Iberoamericana.