El tercer informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa permite concluir que las investigaciones gubernamentales sobre la desaparición de los 43 normalistas tienen flancos y aspectos sumamente débiles, dijo ayer el dirigente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón.

Señaló que al recomendar al Estado mexicano seguir buscando a los jóvenes, la CIDH está diciendo que no encuentra elementos suficientes para afirmar que el paradero último de los estudiantes fue el basurero de Cocula, como informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Mientras, en el segundo día del foro Derechos humanos y antimafia social en América Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), integrantes de la Coordinadora de Egresados en Defensa de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, advirtieron que Ayotzinapa es la punta del iceberg y lastre de lo que pasa en México en los años recientes.

Ernesto Navarrete y Moisés González afirmaron que el ataque en contra de los 43 estudiantes fue un claro mensaje de las autoridades mexicanas: ‘‘desaparecer las normales del país, en especial la de Ayotzinapa’’, ya que no es la primera vez que los alumnos son reprimidos o asesinados.

Por separado, Mario Patrón destacó que el informe no ve factible que la desaparición de los estudiantes se haya dado en respuesta al presunto boicot que efectuarían al informe de la esposa de Jose Luis Abarca, pues los alumnos de la normal llegaron a Iguala cuando dicho acto ya había terminado.

Esto significa que la investigación sobre la desaparición de los jóvenes aún está en ciernes. Tan es así, que las motivaciones y los móviles que explican los hechos no están indagados ni establecidos, apuntó.

Sobre la demanda reiterada de los expertos de la CIDH para que puedan interrogar a militares de Iguala sobre el caso, dijo que si no se les da aceso, el Estado mexicano estaría enviando un mensaje de ocultamiento de información.

Al referirse a la presunta tortura a detenidos por el caso, el activista comentó que sería ‘‘gravísimo’’ que ello hubiera ocurrido, pues se pondría en entredicho la hipótesis de la PGR, misma que se basa en confesiones autoinculpatorias.

Por lo demás, dijo esperar que los informes de la CIDH aporten elementos que ‘‘nos acerquen a la verdad y la justicia’’.