Durante la firma del convenio de colaboración con la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (Fepade), el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que en la actuación de la autoridad electoral no hay simulación ni condescendencia, hay una actuación, sin dedicatorias, sin filias ni fobias a ningún actor.

De igual forma sostuvo que sin denuncia sobre irregularidades no hay impartición de justicia, si bien consideró que utilizar el brazo penal del Estado es el último recurso que debe aplicarse para la conducción de los procesos electorales, porque previamente deben agotarse medidas preventivas, de difusión y de educación cívica.

No se trata de asumir conductas de control o inquisitoriales, sino de que esto fortalezca el sistema de partidos. Es claro que en 20 años la competencia ha evolucionado y hoy ni los partidos ni la sociedad son los mismos del origen de la transición; por eso se revisó que no haya resquicios para que contendientes abusen de las condiciones de competencia.

Por su parte, el titular de la Fepade, Santiago Nieto, destacó la importancia de las reformas legales en materia de delitos electorales que, entre otros aspectos, indican la necesidad de concretar mayor colaboración entre el INE y la Fepade, tanto en el ámbito de la prevención de conductas ilícitas, como en la investigación de denuncias. Por ello dijo que el convenio hace un importante énfasis en la parte preventiva.

Nieto anticipó que en la jornada electoral la Fepade realizará un importante despliegue ministerial para atender directamente las denuncias de los ciudadanos y los partidos políticos, en coordinación con el INE. Mencionó que la ley obliga a una mayor interacción entre ambos, en el ámbito de la fiscalización de recursos, el régimen de padrón de proveedores y temas relacionados con aportaciones individuales y uso de recursos prohibidos por la ley.

El consejero presidente del INE destacó que en la reforma de 2014 se reformó el catálogo de delitos electorales y su tipificación –luego de 20 años de no hacerlo– con el objetivo de dotar de mejores herramientas para enfrentarlos. Se trata de evitar que la sofisticación de las prácticas de los candidatos y partidos políticos rebase la capacidad reguladora del Estado mexicano.