La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 13/2015 dirigida al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de ese estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal en agravio de un periodista maya de esa entidad.

En un comunicado, la comisión indicó que el 28 de agosto de 2014, el agraviado interpuso una queja ante la CNDH. En ella denunció amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ocurrido del 11 al 19 de agosto, hecho que cubrió en su calidad de comunicador.

Señaló que servidores públicos de esa entidad lo acusaron de ser el organizador de la manifestación y del bloqueo. El día 22 de ese mismo mes se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje. Fue detenido y recluido en la cárcel pública municipal. Como el delito de sabotaje es considerado grave, no tuvo derecho a la libertad provisional bajo caución.

A fin de probar la participación del periodista en dicho delito, la autoridad consideró un peritaje de ‘‘criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información’’, así como cuatro testimonios.

Al analizar el caso, la CNDH concluyó que los elementos presentados son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial, que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas.

Por ello, en su recomendación, la CNDH pidió al gobernador de Quintana Roo instruir al procurador general de Justicia de esa entidad para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible.

También solicitó reparar el daño a la víctima, la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados.