Entregan comunitarios 30 armas a autoridades estatales
Martes 12 de mayo de 2015, p. 4
Chilpancingo, Gro.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal tomaron desde el domingo el control de la seguridad en el municipio indígena nahua de Chilapa de Álvarez, ubicado en la Montaña baja de Guerrero, dio a conocer el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, quien compareció ayer ante el Congreso local.
El sábado pasado, unos 300 integrantes de la autodenominada policía comunitaria tomaron el municipio de Chilapa, debido a la ola de violencia que azotó la localidad en los meses recientes.
De acuerdo con David Cienfuegos, estos ‘‘comunitarios’’ entregaron a las autoridades estatales ‘‘unas 30’’ armas que decomisaron a la policía municipal. Agregó que el gobierno del estado solicitará a los policías comunitarios que se retiren de la cabecera municipal de Chilapa, donde ‘‘la policía estatal asumirá a partir de este momento la seguridad’’.
De su lado, el gobierno del estado expuso en un comunicado que ‘‘comisarios de las localidades de El Jagüey, Calhuaxtitlán, Tlamixtlahuacán, San Pedro, Zizicazapa, Atenxoxola, Zelocotitlán y Xiloxuchicán, que ingresaron en días pasados a la cabecera de Chilapa, acordaron con el gobierno del estado devolver el armamento a la policía municipal, además de que presentó su renuncia el secretario de Seguridad Pública, Job Encarnación Cuenca’’.
Ayer al mediodía, unos 150 ciudadanos de Chilapa –entre ellos familiares de cinco personas desaparecidas– marcharon en esa cabecera municipal y exigieron la salida de la autollamada policía comunitaria. Unos seis reporteros que acudieron a la movilización afirmaron que los ‘‘comunitarios nos quitaron el equipo (cámaras y grabadoras) y nos lo regresaron como a las 14:30 horas’’. Los manifestantes aseguraron que al menos cuatro personas fueron secuestradas durante los pasados días.
Este lunes hubo calles y negocios cerrados en Chilapa, como resultado de la incertidumbre que provocó la presencia de hombres armados. De igual manera, a petición de autoridades educativas, se suspendieron las labores escolares en al menos 661 planteles ubicados en el municipio, mismas que se reanudarán el próximo miércoles.
Denuncia de la CNPA
Por otra parte, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) denunció que el gobierno federal y de Guerrero ‘‘son los más interesados en obstaculizar las elecciones en la entidad por desconocer a la policía comunitaria encabezada por Eliseo Villar Castillo’’, preso en el penal de alta seguridad de Perote, Veracruz, acusado de ‘‘secuestro’’ tras el enfrentamiento, el pasado 30 de abril, entre los policías comunitarios y estatales.
‘‘Estamos ante una situación de interpretación jurídica, ya que el gobierno federal desconoce a la policía comunitaria (CRAC-PC), por no ser integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y eso agrava la situación social en la región de la Montaña’’, dijo Carlos Ramos, integrante de la dirección colectiva de la CNPA.
Cabe recordar que Villar Castillo fue expulsado de la CRAC por malos manejos financieros. La legislación estatal –abundó Ramos– establece que la policía comunitaria recibe 7 millones de pesos para la operación de las cinco casas que tienen en diferentes comunidades de la región de la Montaña y para sus 4 mil integrantes. ‘‘Eso no es dádiva sino prerrogativa’’, dijo.
En conferencia de prensa, sostuvo que la existencia de la policía comunitaria es garantía de paz y seguridad pública en dicha zona guerrerense. Agregó que también es ilegal la detención de Adelaida Hernández Nava, recluida en el penal de Acapulco, acusada de plagio y a quien se le dictó auto de formal prisión ‘‘La detención de ambos es un absurdo, la acción de las autoridades tiene objetivos políticos’’, señaló.
Expuso que el caso de ambos ya fue entregado a Amnistía Internacional, cuya representación en el país se comprometió a presentarlo en la reunión del comité técnico.
Apuntó que la situación de la CRAC-PC será analizada por varias agrupaciones campesinas que también apoyan a los jornaleros de San Quintín, las cuales llevarán a cabo movilizaciones de protesta este miércoles en la ciudad de México y en Baja California.