Buenos Aires.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi envió un pedido de información al Colegio de Escribanos en el que solicitó los datos de los profesionales que intervinieron en las escrituras vinculadas al fallecido fiscal Alberto Nisman, firmadas por él, su madre o hermana y el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le entregó el arma con la que se supuestamente se suicido.

Nisman fiscal de la Unidad Especial de la causa de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue encontrado muerto con un balazo en la sien, el 18 de enero pasado, después de haber presentado apresuradamente una denuncia sin fundamentos -como concluyó la justicia- contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, un diputado y dirigente de la organización juvenil La Cámpora y dos dirigentes de movimientos sociales.

Observando la situación ahora y conociendo la denuncia presentada por Nisman, por pedido del propio gobierno, se advierte que esta no tenía fundamentos ni pruebas y estuvo basada en suposiciones y en informaciones en su mayoría falsas.

Para algunos estudiosos del tema AMIA se trató de una maniobra destinada a golpear al gobierno en un año electoral y que se anulara definitivamente un acuerdo de entendimiento con Irán, firmado por la autoridades de ambos países y que permitiría escuchar los testimonios altos funcionarios iraníes quienes fueron acusados sin prueba por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel con fuerte injerencia en la causa de la AMIA de ser responsables del atentado contra esa organización en julio de 1994.

La investigación por la muerte de Nisman ha sido obstaculizada tanto por los grandes medios masivos de comunicación de la oposición, así como por la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Delgado, quien ha intentado imponer la tesis de un asesinato, cuando las pesquisas demostraron lo contrario.

Esto ha atrasado el informe final, y en tanto por denuncias de abogados del técnico Diego Lagormarsino quien trabajó un largo tiempo con el fiscal se revisaron las diversas cuentas de Nisman algunas en Estados Unidos a nombre de su madre, su hermana y este empleado.

El análisis de las computadoras del fallecido fiscal arrojaron fuertes diferencias entre el nivel de ingresos y sus gastos, según las conclusiones que surgen de los resúmenes de sus tarjetas de crédito y la participación en distintas inversiones.

La medida fue dispuesta al ordenarse parte de las pruebas pedidas por el fiscal federal Juan Pedro Zoni en la causa por supuesto lavado de activos donde están imputadas la madre de Nisman, Sara Garfunkel, su hermana Sandra Nisman y Lagomarsino, informaron fuentes judiciales.

Entre las medidas, figura el envío de una petición a Uruguay para determinar si Garfunkel es propietaria de lotes en una importante zona de Uruguay. También surge que el fiscal Nisman monitoreaba inversiones en Uruguay, Argentina y Estados Unidos, a nombre de su madre, como publicó en estos días el diario Página 12.

Además, aparecen pagos de expensas de más de 4 mil dólares en un trimestre en Punta del Este, en tres terrenos en el complejo Pueblomío, e informes de análisis de inversiones en bonos, acciones y fondos en Estados Unidos.

Por otra parte, hay resúmenes de tarjeta con un promedio de gastos mensuales de 70 mil pesos (argentinos) y una participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en Palermo, por el cual hay cuotas de hasta 77 mil 100 pesos, lo que suma unos 14 mil dólares, ingresos que supera el nivel de lo que cobraba Nisman como fiscal, con rango de camarista, ganaba cerca de 95 mil pesos por mes.

Ya se envió un exhorto a Nueva York en busca de la cuenta bancaria del Merrill Lynch a nombre de Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino, que está siendo traducido por Interpol según Página 12.

Muchos más datos de una vida muy alejada de su papel como fiscal, de una causa que debía lograr justicia para un atentado que costó la vida de 85 personas, más de 300 heridos y que en diez años no tuvo pruebas concretas, por lo cual los familiares de las víctimas habían pedido la salida de Nisman.