La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá hacer públicas la información relacionada con la consulta realizada a pueblos indígenas sobre el proyecto hidroeléctrico Las Cruces II, que afectaría a comunidades de huicholes, tepehuanes, coras y mexicaneros, ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Con ello, mostrará si efectivamente cumplió con la garantía a que obligan los convenios internacionales para consultar a las comunidades cuando haya proyectos que impacten su territorio o forma de vida.

El organismo revocó la negativa a difundir la información y reservarla con el argumento de que forma parte del proceso deliberativo que la CFE tiene con las comunidades indígenas y con el gobierno del estado, además de que habría recibido petición de las autoridades representativas de las comunidades en las que se solicita que no se hagan públicos los resultados ni la documentación generada, porque se podría hacer uso inadecuado de ella y su vida podría estar en riesgo.

También revocó la negativa de Banobras de entregar la documentación relacionada con el proceso de transición de la televisión analógica a digital, argumentando el secreto fiduciario. Por tratarse de un fideicomiso con recursos públicos, creado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es necesario que se difunda la información, porque permitiría conocer si efectivamente se atendió a la mejor oferta en el proceso de transición tecnológica.

Se pide mostrar documentación

En la resolución del comisionado Joel Salas sobre el proyecto hidroeléctrico en Nayarit, se especifica que la petición requiere de las actas notariales, constancias, minutas, lista de asistencia, video o audiograbaciones en que conste la consulta a las comunidades indígenas en Rosarito, Nayarit.

En el caso de información que sí documenta un proceso deliberativo con las comunidades indígenas, se considera de interés público conocerla, porque permite verificar que el Estado garantiza su derecho a ser consultadas en decisiones que impactan su forma de vida. El sujeto obligado no aportó elementos suficientes que acreditaran el daño potencial con la publicación de la información requerida, precisó Salas.

Agregó que el 10 de abril, en reunión de representantes indígenas y de la sociedad civil se denunció que el proyecto ha sido impuesto sin respetar derechos de los pueblos indígenas, como lo mandatan los tratados internacionales a los que México se ha adherido. Además, un reporte de la Asociación Interamericana para la defensa del Ambiente ante relatores de la Organización de las Naciones Unidas advierte que el Estado mexicano no garantizó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

Salas preguntó: ¿Se cumplió con la obligación de acercarse a los representantes del gobierno tradicional e instituciones indígenas? ¿Brindó intérpretes?, además se desconoce si la CFE ha proporcionado información del proyecto en un formato comprensible para la comunidad.

En cuanto a Banobras, el comisionado Francisco Javier Acuña indicó que la solicitud requiere de los contratos suscritos como parte del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, la cual no sólo fue negado, sino reservada 12 años por ser secreto fiduciario y en su caso es la SCT la responsable. Al tratarse de recursos públicos para un programa fundamental de transición tecnológico no se actualiza el secreto fiduciario.

Banobras funge como vehículo de pago para el cumplimiento del programa de trabajo para la transición de la televisión digital terrestre. Acuña mencionó que se estima que 14 millones de hogares tienen televisión analógica, es decir, 46 por ciento del total de familias con ese tipo de aparato.