Asunción.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó el miércoles su preocupación por la desprotección de las niñas paraguayas que sufren abusos sexuales tras la confirmación del embarazo de una niña de 10 años, sometida por su propio padrastro, actualmente prófugo de la justicia.

En Paraguay, cada día dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. Estos casos son consecuencia de abuso sexual y, en la mayoría de las situaciones, de abuso sexual reiterado ante el cual las víctimas no han recibido protección oportuna y apropiada, dijo a la Afp Andrea Cid, oficial de protección a la infancia del Unicef.

La experta de la agencia de Naciones Unidas cuestionó el nivel del gasto que Paraguay asigna a la educación, uno de los factores que incrementa la vulnerabilidad de las niñas. Mientras otros países de la región invierten 7 y 8 por ciento de su presupuesto de gastos en educación, Paraguay no excede de 4 por ciento. Es una secuela de la desprotección de la niñez que está en permanente riesgo, afirmó.

La niña de 10 años embarazada tras la violación de su padrastro se encuentra actualmente bajo la protección del hospital de la Cruz Roja en Asunción y con la supervisión de médicos, sicólogos y siquiatras, bajo observación del ministerio de Salud.

El padrastro, Gilberto Benítez Zárate, de 42 años, fue declarado prófugo de la justicia y su madre está detenida en la cárcel de mujeres acusada de obstrucción a la investigación judicial, tras descubrirse que intentó ocultar a su pareja.

Polémica por el aborto

La situación de virtual abandono familiar ha generado un fuerte debate en la sociedad paraguaya, entre los partidarios del aborto por violación y los contrarios a la interrupción del embarazo, en un país cuya constitución prohíbe este procedimiento salvo riesgo de vida para la madre.

El ministro de Salud, Antonio Barrios, se pronunció contra el aborto, en primer lugar por la interdicción que establece la Constitución y, en segundo, porque en su opinión, técnicamente es contraproducente porque el período de gestación ya excedió las 23 semanas.

El juez de garantías Tadeo Fernández rechazó el miércoles un pedido de la madre de convocar a una junta médica para evaluar la interrupción de la gestación.

La interrupción del embarazo no está contemplada en el código penal, reiteró de su lado la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, la médica Karen Díaz.