Los datos sobre México presentados en el informe del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos revelan una realidad que las autoridades han pretendido mantener oculta: miles de personas han tenido que dejar hogares, negocios, trabajos y propiedades debido a la violencia relacionada con el crimen organizado, señalaron integrantes de organizaciones sociales.

El reporte indica que en el país hay 281 mil 400 desplazados internos por la crisis de inseguridad ligada al tráfico de drogas y la política gubernamental contra los grupos criminales.

Brenda Pérez, coordinadora del proyecto sobre desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que se trata de una cifra alarmante, porque se basa en el techo más bajo. Pensamos que involucra a muchas más personas en esa condición.

La CMDPDH es la única organización mexicana que colaboró en el proyecto del informe presentado en Ginebra, Suiza. Al respecto, Pérez señaló que el reporte se elaboró con base en información publicada sobre todo en la prensa nacional y local, por lo que el número de desplazados podría ser mayor.

La mayor cantidad se ubica en aquellas personas que se desplazan gota a gota, que no se notan. Los que se van sin avisar, sin que se conozcan sus razones, sin ser identificados.

Lamentó que no exista una instancia de gobierno dedicada a elaborar un diagnóstico del fenómeno, de los lugares de salida y llegada, que brinde protección y atención a quienes están en esa situación.

Si bien Chiapas y Guerrero tienen leyes sobre desplazamiento, aún no se reglamentan, por lo que todavía no operan. La activista señaló que más allá de normas estatales, se necesita una federal, por la crudeza del problema.

La organización no gubernamental ha realizado el estudio cualitativo de unos 200 casos y ha detectado que el grupo de desplazados es heterogéneo, a diferencia del pasado –particularmente tras el levantamiento zapatista–, cuando se ubicaba en sectores de escasos recursos. Hoy, dijo, hay gente de pocos recursos, de zonas rurales, defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios públicos y empresarios. El problema está focalizado sobre todo en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

Édgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, destacó que el informe de la organización internacional ayuda a visibilizar lo que las autoridades se negaban a aceptar: que hay miles de desplazados por la violencia.

Esto, agregó, plantea la urgencia de crear un sistema que permita cuantificar e identificar las condiciones y la dinámica que estas personas viven, así como las situaciones que enfrentan.

Consideró que hay dos tipos de personas desplazadas: las que cuentan con recursos para reiniciar su vida en otros sitios, particularmente empresarios, y aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad al perder todo: casas, trabajo y patrimonio.