Organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensoras de derechos humanos demandaron al Congreso de la Unión reconsiderar el método aprobado para la integración de la Asamblea Constituyente, tras la aprobación en el Senado de la Reforma Política del Distrito Federal, que daría derechos plenos a la ciudad de México.

Más de cien organizaciones emitieron un pronunciamiento conjunto en el cual consideraron inaceptable que quienes vayan a conformar la Asamblea Constituyente sean designados y no elegidos por la ciudadanía.

La medida, afirmaron, es contraria a cualquier noción democrática, porque aprobaron que 40 por ciento de las y los constituyentes sean elegidos por designaciones de los poderes Ejecutivo o Legislativo federales.

En el documento, que también circula en las redes sociales, exponen que siguiendo el mandato del artículo 39 de la Constitución, la soberanía popular emana del pueblo; por lo mismo las y los constituyentes designados no serían depositarios de la voluntad ciudadana, sino del encargo asignado por el Presidente o el jefe de Gobierno.

Ante ello, cuestionaron que si con la reforma política aprobada el pasado 28 de abril ¿debemos entender que las y los senadores consideran a la ciudadanía incapaz de elegir a sus representantes? O ¿es una estrategia para garantizar la participación de grupos políticos que no resistirían el escrutinio ciudadano por medio del sufragio?

Indicaron que un método de estas características deja más dudas que certezas; y hace de un proceso que debería ser un ejemplo de participación y deliberación pública, sobre todo en las circunstancias actuales del país y de la ciudad de México, un nuevo laberinto de opacidad y desconfianza en las instituciones.

Llamaron a los habitantes de la capital a movilizarse en torno al proceso constituyente de la ciudad de México, porque es momento de tomar los destinos del DF en nuestras manos, para construir un nuevo pacto social que refleje la identidad democrática e incluyente que hemos venido forjando en más de 40 años de lucha por la libertad y la justicia.

Entre los grupos firmantes están el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Todos los Derechos para Todos y Todas y Cauce Ciudadano.

La minuta aprobada por el Senado fue enviada a la Cámara de Diputados el último día del periodo de sesiones, por lo que su discusión fue aplazada.