Por unanimidad de 381 legisladores presentes en la sesión del jueves –los otros 119 no se presentaron a trabajar–, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda legislar en materia de desaparición forzada, tortura y otras formas de privación ilegal de la libertad.

La minuta fue enviada por la mesa directiva a los congresos estatales para que la revisen y cumplir el trámite que obliga al respaldo del Constituyente Permanente. Cuando ello ocurra, el Congreso dispondrá de 180 días para aprobar una ley general en la materia.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Alejandro Sánchez Camacho (PRD), señaló que con esta enmienda el Congreso responde a la catastrófica realidad de México desde la guerra sucia de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado.

Hoy reivindicamos, tan sólo un poco, a todas las víctimas desaparecidas y torturadas de 1964 a 1982, cuando cientos de ciudadanos mexicanos fueron víctimas de las fuerzas federales o de seguridad. Miles fueron torturados, ilegalmente detenidos, sometidos a hostigamiento y vigilancia de las autoridades, reprochó.

Sánchez Camacho citó que, según datos del Comité Eureka, en aquella época se dieron 557 casos de desaparición forzada y tortura. Por cierto, un reconocimiento a todas esas familias, en particular a la señora Rosario Ibarra de Piedra, mencionó.

A ese dolor, expuso, se suma que, según cifras oficiales, en la guerra contra el crimen organizado decretada por el ex presidente Felipe Calderón sufrieron desaparición forzada 26 mil 121 personas, del 1º de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.

Por desgracia no son los últimos, pero sí constituye uno de los hechos más indignantes que ha conmocionado al país: la desaparición de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, sostuvo.

En la presentación de posturas de partidos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (Morena) lamentó que cada vez son más los casos de desaparición forzada, no sólo como práctica sistemática del Estado mexicano, iniciada en los años 70. A pesar de ello, indicó, no se ha querido juzgar a quienes cometieron esos crímenes. Desgraciadamente se quiere mantener esto oculto, sin investigar y, sobre todo, en la impunidad, expuso.

Recordó que el ex presidente Calderón archivó la investigación que realizó la fiscalía para investigar los delitos del pasado, creada en el sexenio de Vicente Fox, y también la extinguió. Además, cuestionó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad que se imputaron al ex presidente Luis Echeverría Álvarez habían prescrito.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (PAN) expuso que la reforma da respuesta a una realidad en la que no sólo hay desaparición forzada por parte del Estado, sino también por el crimen organizado, porque ya vieron que este elemento de impunidad facilita, a quienes quieren ejercer presión, desaparecer a otros para lograr sus fines.

Asimismo, el pleno aprobó el jueves una reforma al Código Civil Federal para que la declaración de ausencia de una persona se logre dos años después de la solicitud y no seis, como se define actualmente. Para la cámara, a la incertidumbre de no saber el paradero de un familiar se suma la imposibilidad de llevar a cabo trámites como la administración de bienes y derechos, que ahondan el dolor.