Las comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobaron ayer un dictamen para expedir la ley federal del derecho a la alimentación adecuada, que lo define como el derecho a no padecer hambre.

Para garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, los legisladores consideran que la canasta básica para los más pobres del país sea de maíz, frijol, amaranto, arroz y trigo.

Hay 28 millones de mexicanos sin alimentación adecuada

La legislación es reglamentaria de la reforma a la Constitución que entró en vigor en octubre de 2011. La iniciativa para aprobar la ley se presentó hasta el 14 de octubre pasado, y las comisiones tardaron seis meses en discutirla. La propuesta refiere que hasta 2012 en México había casi 28 millones de personas sin alimentación adecuada, 4.2 millones más que en 2008.

La ley también busca asegurar la autosuficiencia alimentaria –que el país perdió–, con una política de agricultura familiar y la producción de comestibles en pequeña escala, auspiciada con recursos de programas de la Secretaría de Agricultura para apoyar a campesinos con menos de cinco hectáreas.

Aun cuando se prevé que para asegurar ese derecho deben participar el gobierno federal, los estados, el Distrito Federal y los sectores social y privado, el dictamen define que se ejerce cuando todas las personas tienen, en todo momento, disponibilidad y acceso físico y económico a los medios suficientes para obtener por sí mismas la alimentación.

De acuerdo con el documento, la ley está enfocada a la población vulnerable del país: pueblos y comunidades indígenas, mujeres gestantes y en lactancia, niños y niñas lactantes o en edad prescolar, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos en desamparo, migrantes, apátridas (sic), refugiado-asilados y en retorno, y los afectados por desastres o situaciones de emergencia alimentaria.

También considera que el gobierno federal deberá promover la producción suficiente de los componentes mínimos de la canasta básica alimentaria, así como una eficiente distribución que evite su desperdicio.

Además de garantizar la autosuficiencia en el ramo, se pretende obligar al gobierno federal a generar excedentes y reservas en caso de emergencia alimentaria, así como, en coordinación con los gobiernos estatales y de la ciudad de México, construir y mantener una infraestructura para almacenamiento y conducción de agua para la producción de alimentos.