La recién publicada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no tiene presupuesto asignado en 2015 ni cuenta aún con un reglamento que dé certeza sobre la forma en que se llevará a la práctica, además de que hay gran disparidad en su adecuación en las distintas entidades federativas, lo cual puede hacer que se quede como letra muerta.

Afirmaron lo anterior diversas organizaciones que conformaron el Frente Nacional para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes subrayaron que en unas semanas se evaluará el nivel de cumplimiento de México de la Convención sobre los Derechos del Niño –firmada por el país en 1990–, el cual ha sido insatisfactorio.

En conferencia de prensa, Sair Pinilla, de la organización Aldeas Infantiles SOS, indicó que de los cerca de 40 millones de menores de edad que hay en México, al menos 21 millones viven en condiciones de pobreza y 4.7 en pobreza extrema, además de que tres de cada 10 no tienen acceso a seguridad social y uno de cada tres no va a la escuela.

Asimismo, enfatizó que uno de cada 10 niños y niñas trabaja, y se ha incrementado el número de detenciones para involucrarlos en procesos penales, en un entorno donde no hay un sistema adecuado para abordar estos casos y donde los menores siguen siendo vistos como objetos de cuidado y tutela, no como sujetos de derecho.

Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, lamentó que la cantidad de niños involucrados en homicidios y casos de desaparición forzada cada vez es mayor, pero no se analiza ni menciona porque el fenómeno ha sido invisibilizado, igual que las afectaciones que padecen los menores indígenas o migrantes indocumentados.

Ante dicho escenario, Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, destacó que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes –publicada en diciembre de 2014– significa una oportunidad histórica para abatir dichos rezagos, pero deploró que no hay recursos económicos suficientes ni coordinación política para echarla a andar.

La ley nace sin presupuesto; no se le asignaron recursos para 2015. Además, las diferentes entidades federativas deberían armonizar sus legislaciones con esta norma, pero sólo lo han hecho Durango, Colima, Zacatecas y Baja California, pero todas ellas se quedan en el piso mínimo de la ley general, alertó Gabriela Escobar, coordinadora de la Fundación Juconi.