o fueron de virtuosidad natural sino de circunstancias forzadas los factores de discreción y austeridad en la boda del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello (MVC), con la estrella de Televisa Anahí Giovanna Puente Portilla, ampliamente conocida en el medio de la farándula por su primer nombre. Resulta que el 11 de los presentes iban a ser padrinos Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, pero el temor a protestas por esas visitas llevó a cambiar de fecha, anunciarla falsamente para el 2 de mayo y finalmente optar por celebrar las nupcias este sábado, en un acto litúrgico íntimo y sin publicidad previa. Como todos los pasos que MVC ha dado en busca de la candidatura presidencial de 2018, éste forma parte de una estrategia que pretende reproducir el esquema desarrollado en el estado de México con la propia Televisa para favorecer la imagen del entonces gobernador EPN, quien casó con la actriz conocida como La Gaviota.

El joven y estilizado miembro del Partido Verde Ecologista de México (el partido de las cuatro mentiras) ejerce en su feudo un estilo de gobierno identificable con las telenovelas de ricos hacendados: se hace pasear en andas por indígenas, cachetea a ayudantes que no se sincronizan con sus deseos ejecutivos, ejerce el presupuesto estatal en favor de los ricos y potentados, acalla y controla las voces críticas y ahora ha escenificado una ceremonia de casamiento en la catedral de San Cristóbal de las Casas, con el obispo local como ejecutante, a las ocho de la mañana, sin boato ni prensa (no se sabe que la boda haya sido vendida a alguna revista nacional del corazón, aunque más bien es posible que haya pagos para que ese tipo de prensa destaque la ceremonia y sus virtudes sembradas justamente para que el periodismo amigo las ponga de relieve).

Nacido en Tuxtla Gutiérrez 35 años atrás (los cumplió el pasado 7 del mes en curso), Velasco Coello, su familia (su madre, Leticia Coello Garrido, es señalada en voz baja como influyente factor de poder) y su grupo cercano tienen como objetivo que Manuelito, como le llaman en privado, sea aspirante a Los Pinos por parte del Verde y el PRI (al batidillo podría añadirse Nueva Alianza, que fue parte de la alianza en Chiapas 2012). Para ello se han destinado escandalosas cantidades de recursos públicos en materia de comunicación social y propaganda, todo encaminado a posicionar en el país entero el rostro y el nombre del nieto del doctor Manuel Velasco Suárez.

En cumplimiento de las ambiciones presidenciales del joven Velasco, el presupuesto de Chiapas, sus concesiones y riqueza natural se han convertido en botín a repartir entre aliados empresariales (el consorcio que incluye a Televisión Azteca tiene los pies bien puestos en la entidad, incluso con la intención de que un propio sea el siguiente gobernador), correligionarios siempre voraces (el Verde en busca de negocios, gestiones, comisiones, etcétera) y camarillas locales dedicadas a exprimir cuanto les es posible de una entidad sumida en la pobreza, el atraso y la injusticia.

La más reciente estampa de ese México de hacendados tuvo al mencionado gobernador como figurín en traje de charro, sombrero en alto y pretensiones bravías, con escenografía étnica aplaudiendo la ceremonia donde la vestimenta alba de la novia fue tejida por manos indígenas convidadas como extras a las puertas de la catedral donde aún quedan recuerdos neozapatistas flotando.

En otras danzas ha andado el gobernador de Puebla, también temprano aspirante presidencial, Rafael Moreno Valle (fue priísta y gordillista y ahora se mueve con la etiqueta del PAN y en arreglos generosos con los Chuchos del PRD), quien este fin de semana invitó en Twitter a asistir a la presentación de Gerardo Ortiz en la feria que se realiza en la capital del estado. Tan amable conversión en publirrelacionista tiene el detalle de que el citado Ortiz es un destacado cantante de narcocorridos, no sólo descriptivos de las presuntas hazañas de cierta franja de capos, sino también de las formas y mecanismos de salvaje acción criminal contra adversarios.

Resulta muy significativo que gobernadores y presidentes municipales de muchas partes del país otorguen permisos para presentarse en escenarios públicos a cantantes (El Komander es el más conocido) y compositores que exaltan torturas y asesinatos y que ensalzan figuras y andanzas de determinados jefes de cárteles. Aberrante es que policías estatales y municipales e incluso fuerzas federales sean comisionadas en muchos lugares para proteger a los juglares de los hechos delictivos que supuestamente combaten con energía las mismas autoridades anfitrionas de esos conciertos.

Ayer se cumplieron siete meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas (más el asesinato documentado de otras seis personas y las heridas a decenas de personas, algunas de ellas aún en estado grave, incluso de coma). Conforme pasa el tiempo, menos creíbles son los esfuerzos de mala literatura de la administración peñista (con Jesús Murillo Karam como Fabulador General de la República) para fabricar una versión de los hechos en la que todo quedara reducido al ámbito de dos municipios guerrerenses. Fue el Estado, dijeron desde un principio los familiares de los desaparecidos y el amplio movimiento social que les ha ido acompañando, y así se ha ido consolidando tal consideración acusatoria del aparato de poderes gubernamentales confabulados.

En Chilpancingo fueron incendiados seis vehículos de distribución de alimentos chatarra y esa reaparición de los actos violentos en el contexto de las protestas por los 43 pone de relieve los riesgos que conlleva el proceso electoral que ha sido abiertamente repudiado en Guerrero por quienes ven en lo sucedido a los alumnos de Ayotzinapa, y en la respuesta mendaz y manipuladora del gobierno federal y su ayudantía en el gobierno de la entidad, una confirmación de que el juego electoral de poco o nada sirve en el México actual. ¡Hasta mañana!

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