Legisladores locales y federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieron un llamado a todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados para que de inmediato empiecen a trabajar en los consensos necesarios, de tal manera que una vez que el Senado apruebe la reforma política del Distrito Federal y le turne la minuta respectiva, sea ratificada en San Lázaro antes de que termine el actual periodo de sesiones.

Los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, afirmaron que dicha reforma es la culminación del proceso de transformación de la ciudad de México en los pasados 15 años.

Agregaron que esta reforma debe considerar un congreso constituyente dedicado exclusivamente a redactar la constitución política de la ciudad de México, acorde con los avances de esta megaurbe y que garantice los derechos de universalidad de los capitalinos, quienes dejarán de ser considerados menores de edad.

Demandaron que esa constitución sea consensuada de manera inequívoca entre los diferentes actores sociales, políticos y económicos de la sociedad capitalina, para ser de las más avanzadas del mundo en el siglo XXI. Requiere un proceso amplio, incluyente y democrático para reflexionar, debatir, dialogar y construir un nuevo pacto social en el que se refleje la complejidad y la integralidad de un nuevo paradigma constitucional.

Por otra parte, el dirigente de Morena, Martí Batres, sostuvo que con la iniciativa de reforma política del Distrito Federal, el presidente de la República, el Congreso de la Unión y el jefe de Gobierno de la capital del país designarán por dedazo a 40 por ciento de los integrantes del congreso (asamblea) constituyente.

En conferencia de prensa, dijo que el Partido Revolucionario Institucional busca distorsionar el proceso de reforma; quieren decidir lo que dirá la constitución y si se aprueba esa iniciativa se prevé que haya otro proceso electoral para elegir al constituyente, pero al gobierno federal se deja la elección de casi la mitad de sus miembros, con el riesgo de que sólo haya un proyecto de constitución, y con esto la sociedad civil quede excluida, advirtió.