La Procuraduría General de la República obtuvo de un juez federal en Sonora una orden de aprehensión en contra de 13 integrantes de una banda dedicada al tráfico de migrantes que estaban sujetos a la medida cautelar de arraigo. Este grupo privaba de la libertad a los migrantes y extorsionaba a los familiares, señalándoles que las víctimas ya se encontraban en Phoenix, Arizona; sin embargo, cuando era pagado el rescate, los migrantes eran puestos en libertad en Nogales o llevados a la franja fronteriza, donde eran internados a Estados Unidos con la intención de que fueran detenidos por autoridades migratorias de ese país.