l informe trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de octubre a diciembre de 2014, comunica que sólo cuatro de cada 10 integrantes de la población económicamente activa (PEA) realizan aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SAR), y estima que el 60 por ciento restante carecerá de pensión cuando culmine su carrera laboral. Agrega que los sistemas de reparto son financieramente inviables y consumen cada vez más recursos. Entre más tarde sea su reforma, mayor será el costo para la sociedad.

Diecisiete años después de operar, el SAR descansa sobre una bomba de tiempo activada y no precisamente por los sistemas de reparto que, a falta de un adecuado diagnóstico estructural, la Consar sigue insistiendo temerariamente en dinamitar. Su reiterada defensa del sistema de capitalización frente al de reparto, presentándolo invariablemente como un hecho incuestionable –comparación imposible–, confirma que, a diferencia de las experiencias uruguaya y chilena, el debate mexicano casi no permea a la gran opinión pública. En buena medida, este resultado deriva directamente del mensaje mediático-Consar, más inclinado al fraseo publicitario que a suministrar información analítica relevante y con sentido de comunicación universal para todo público.

Lamentablemente, la naturaleza del mensaje-Consar apenas anticipa los desafíos de fondo del sistema pensionario. Montados en un acotado grupo de discutibles consensos, los informes-Consar concentran sus análisis en la agenda de corto plazo. No dotan al ciudadano de materiales que iluminen las tendencias, problemas y desempeño estructural de los 17 años transcurridos. Tampoco proponen otras opciones de políticas viables –esas sí apoyadas en robustos consensos sociales– frente a sus poco alentadores resultados.

En el ámbito económico, a la pérdida de competitividad que genera disponer de poblaciones crecientemente adultas, debe agregársele que carecerá de los recursos para satisfacer sus necesidades elementales. El futuro que ya alcanzó al SAR anuncia un mercado nacional regularmente deprimido, con déficit crónico de consumidores.

Los agudos riesgos sociopolíticos del desempeño del SAR también están a la vista. Los adultos en perspectiva jubilatoria, incapaces de alcanzarla, presionarán imparablemente sobre el IMSS y el Issste, instituciones responsables de atenderlos en salud, alimentación y asistencia. La anemia de recursos ya es casi una fuente normalizada de confrontación entre círculos y redes familiares. Los riesgos que ya llegaron colapsarán un tejido social ya fracturado.

Es clara la urgencia de revisar a profundidad el actual diseño del sistema pensionario, como propone Consar, pero no para seguir reformando, en el mismo sentido, aquello que la comisión califica de financieramente inviable y que ha generado el estado de cosas que hoy debemos revisar de raíz.

Ese trabajo profundo debe corregir las fallas estructurales del diseño del SAR y, en esta medida, abrir para todos un nuevo comienzo frente al potencial de exclusión social que describen sus tendencias.

En el sentir popular palpita con fuerza la opinión de que la administración de los recursos pensionarios, lejos de constituirse en un factor de seguridad económica y bienestar social, se ha erigido, más bien, en un instrumento de especulación financiera que beneficia apenas a un puñado de empresas privadas, en su mayoría extranjeras.

Ese sentir enfatiza, también, que para la mayoría de los asalariados que disponen de algún sistema de ahorro para el retiro el estado actual del asunto público representa una afectación de sus intereses, ya sea por los resultados en las inversiones que se realizan con sus ahorros en el mercado bursátil, o bien como resultado de los cobros, muy altos, que suelen hacer administradoras y bancos por concepto de comisiones.

En un entorno marcado por la ausencia de empleo formal, rezago social e insuficiencia de servicios de salud y atención a los sectores vulnerables, la pertinencia del SAR es un factor de riesgo para el propio Estado.

La Auditoría Superior de la Federación (2015) también documenta la ausencia de una política de largo plazo en la materia: las debilidades de diseño de la política pública se traducen en limitantes para la puesta en marcha de la política de jubilaciones y pensiones. El diseño del SAR presenta debilidades de gran calado que anticipan al Estado desafíos de envergadura, muchos de ellos ya conformados en calidad de nudos cuasi irresolubles, si las autoridades competentes –apoyadas en un vasto consenso ganado con base en información universal al alcance de todo ciudadano– no acometen con visión social un asunto público tan complejo como el de proveer con recursos económicos a un importante sector que aportó a lo largo de sus carreras laborales beneficios sustantivos para el desarrollo nacional.

Además, la elevada rotación del mercado de trabajo y la inestabilidad laboral que, en el contexto de las tendencias del SAR, se fortalecen con los impactos de la nueva Ley Federal del Trabajo (noviembre de 2012) no garantizan el acceso a la pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ello reduce la posibilidad de alcanzar el número mínimo de semanas que demanda el sistema.

Esas tendencias confirman que 81 por ciento de los trabajadores en Afore han cotizado menos de 500 semanas desde que se inició el sistema. Sin algún ajuste, ellos necesitarán laborar 44 años en promedio para acceder a una pensión mínima.

Como observa el Poder Legislativo: en esta condición se encuentra 75 por ciento de los propietarios de 52.7 millones de cuentas individuales. El sistema no es sustentable financieramente y tendrá, a largo plazo, un gran costo fiscal ( La Jornada,15/2/15). Lo que sigue es reformar esas reformas.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco