l reconocimiento constitucional de los derechos colectivos, la posibilidad de que los tribunales enjuicien a empresas y gobiernos, la ampliación de los derechos humanos y la renovada determinación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación son hoy para los ciudadanos y ciudadanas una alternativa ante la profundización de la corrupción del Poder Legislativo y, sobre todo, del Ejecutivo. No se trata tan sólo de las cuatro importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la de los tratados internacionales, la penal, la de amparo y la de juicios colectivos, se trata más bien de un nuevo reto que el tercer poder, el Judicial, tiene en sus manos.

Hablamos de un reto que incluso trasciende fronteras. Por ejemplo, la demanda colectiva contra los maíces transgénicos tiene una connotación amplia por tratarse de la planta más cultivada en el mundo, por ser nuestra nación su centro de origen y por el apetito comercial de poderosas trasnacionales de semillas transgénicas. El desafío implica que una política comercial internacional de esa naturaleza tenga que ser sometida al escrutinio del Poder Judicial de la Federación, a pesar de la influencia económica y política que corporaciones farmacéuticas y agroindustriales ejercen sobre funcionarios y comisiones del gobierno federal. Los promotores de organismos genéticamente modificados han impuesto la idea de que cada tipo de transgénico debe ser evaluado caso por caso, es decir, aisladamente, sin analizar sus implicaciones con otros transgénicos y el medio ambiente. Sin embargo, destacadas investigaciones científicas han demostrado que distintos tipos de transgénicos pueden encontrarse en una sola planta debido a la polinización, al intercambio de semillas y a otros factores.

Afortunadamente, los tribunales federales han comprendido los planteamientos que un grupo de 20 organizaciones y 53 personas de la sociedad civil les presentaron en una demanda el 5 de junio de 2013, y aceptaron que se juzgue a los transgénicos mediante un procedimiento judicial colectivo. Por primera vez la industria de esos productos tendrá que demostrar sus afirmaciones altisonantes, que hasta ahora no ha comprobado. Todo lo contrario. Dicen, por ejemplo, que los transgénicos producen más. Falso, las cifras internacionales los desmienten, pues en los escasos países que concentran 90 por ciento de la superficie sembrada con transgénicos en el mundo (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e India) se ha demostrado que los rendimientos no se incrementan. Lo que sí aumenta en cambio es el uso de agroquímicos. Dicen también en contraste que habrá menos pesticidas. Falso, terminan usándose más. Dicen por fin que no hay riesgos a la salud. Falso, la Organización Mundial de la Salud ya catalogó como probable cancerígeno al pesticida que utilizan.

Por ello el inicio del juicio de la demanda colectiva en los tribunales mexicanos representa una oportunidad sin precedente, pues nadie entiende por qué la agroindustria de transgénicos no se ha visto también obligada en el país a demostrar la seguridad de sus productos. Sólo les ha bastado con afirmar que no está demostrado que hagan daño y gobiernos como el mexicano han cedido vergonzosamente. El riesgo lo han asumido los campesinos y consumidores. Pero con la demanda colectiva las cosas cambiarán. Ahora tendrán que demostrar que no han vulnerado nuestro derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, y que si se siembran transgénicos a gran escala tampoco lo afectarán. Todos nosotros como colectividad amplia tendremos también la oportunidad de demostrar la afectación a nuestros derechos fundamentales a utilizar nuestras razas nativas y a nuestros derechos derivados a la salud, la alimentación y a nuestra propia comida, patrimonio inmaterial de la humanidad. De argumentar e impugnar las supuestas razones indulgentes de las empresas industrializadoras de transgénicos. Por fin la agroindustria no gozará de ventajas oscuras y de influencias inconfesables.

Pero todo ello depende de un factor: la justiciabilidad ( sic) de nuestros derechos colectivos. No ha sido fácil que los tribunales decreten el inicio del juicio colectivo que presentó el grupo plural de ciudadanos, científicos, campesinos y organizaciones a los que nos hemos referido. Han tenido que transcurrir 21 meses de trámites judiciales, soportando durante 19 de ellos una andanada de 91 impugnaciones de la industria transgénica. Se ha tenido que recurrir a 17 tribunales: un juzgado federal, un tribunal de apelación, tres tribunales de amparo, una comisión administrativa, 10 tribunales colegiados y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que decidió no caer en una trampa dilatoria que la industria transgénica intentaba.

Es importante subrayar también que para llegar a este momento, la demanda de acción colectiva contra el maíz transgénico en el país ha tenido que ganar, desde 2013, 11 juicios de amparo, nueve que presentaron las corporaciones y dos que presentó el gobierno federal por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como obtener resoluciones favorables en otros 11 juicios de amparo que combatían la medida precautoria contra la siembra de maíz transgénico, vigente hasta el desenlace del juicio. Los tribunales no deben en efecto ceder al canto de las sirenas transgénicas y optar por formalismos exagerados, en lugar de permitir un juicio colectivo justo, ni evitar que las partes argumenten y prueben en condiciones de equidad. No deben caer en omisiones judiciales que les sirvan de pretexto para levantar la suspensión de los permisos de siembra de transgénicos. Nosotros estamos muy atentos para evitar esas tentaciones. Por lo pronto podemos afirmar que México ha decidido por fin juzgar a los transgénicos.