Luego de expresar su más profunda preocupación por el caso de la menor Alondra Luna Núñez, el gobierno de Estados Unidos sostuvo que pese al error de identificación y gracias a la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 900 niños han sido devueltos a sus familiares en Estados Unidos en los cinco pasados años.

Por conducto de su embajada en México, el gobierno estadunidense dijo que coloca en la más alta prioridad el bienestar de los menores que han sido víctimas de una sustracción internacional.

La Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores tiene como propósito asegurar el regreso inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos en cualquier Estado parte.

La Secretaría de Gobernación informó que a petición de Gustavo Luna, padre de Alondra, dará apoyo jurídico y sicológico a la niña sustraída de México por Interpol para llevarla a Estados Unidos. El auxilio será para la menor y su familia, ante la presunción de abusos de autoridad.

Luna Núñez, de 14 años, fue llevada el pasado 16 de abril, sin el consentimiento de sus padres, a Houston, Texas, como parte de un fallo judicial en favor de Dorotea García, para que a la menor se le practicaran pruebas de genética, bajo la presunción de que podría ser su hija. Los exámenes de ADN fueron negativos y regresó siete días después.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informó que inició la averiguación previa penal con relación a posibles hechos constitutivos de delito, en la que se encuentra vinculada la juez de primera instancia en materia civil, con sede en Los Reyes, Cinthia Elodia Mercado García, a fin de deslindar responsabilidades.

Mercado García declaró ante medios locales que su función no era confirmar si Alondra era la niña que la Interpol buscaba para llevarla a Estados Unidos. Únicamente atendió la solicitud de restitución de la niña, como dicta la Convención de La Haya y los datos los proporcionaron la Interpol y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, Presidencia del Sistema DIF en el estado de Michoacán, y con respeto a la independencia del Poder Judicial en esa entidad, al Tribunal Superior de Justicia, sobre su actuación en el caso de la adolescente Alondra Luna Núñez.