Los resultados del salto cualitativo que plantearon los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, en la relación bilateral han sido magros, además de que los vínculos entre ambos países se encuentran bajo nuevas tensiones y profundos cuestionamientos, advirtió Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex).

Señala que la corrupción en México no es la única razón por la cual no han llegado las esperadas inversiones del país asiático.

Sostiene que los asuntos de Dragon Mart y del tren rápido del Distrito Federal a Querétaro han generado nuevas y masivas tensiones en la relación entre ambas naciones, recordando el nivel que tenían en 2012, antes de la serie de reuniones y visitas de Estado entre Peña Nieto y Xi Jinping.

En el número 11 del Monitor de la Manufactura Mexicana, editado en febrero pasado por la Facultad de Economía de la UNAM y Cechimex, Dussel recuerda el caso Dragon Mart, con una inversión de alrededor de 180 millones de dólares –de los cuáles sólo 10 por ciento es de capital chino–, cuya autorización sujetó a varias condiciones el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, en septiembre de 2012.

En enero de 2013, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó la nulidad del proyecto; en agosto siguiente, el Tribunal Superior de Justicia resolvió aprobar la solicitud de Dragon Mart y el ayuntamiento entregó el permiso para la edificación del complejo comercial.

En agosto de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó a la empresa por incumplir con la norma en materia de impacto ambiental, y en enero de 2015 clausuró el proyecto.

Mucho más relevante, agrega Dussel, ha sido la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, adjudicada a la empresa China Railway Construction Corporation, cuya concesión revocó días después el presidente Peña Nieto sin señalar las causas, aunque diversos escándalos de corrupción del Grupo Higa parecieran ser la fuente principal de la decisión.

En enero de 2015 se presentaron de nuevo las bases de licitación, pero dos semanas más tarde se anunció la suspensión definitiva del proyecto ante los recortes presupuestales.

Como resultado de este irregular proceso, el gobierno del país asiático lamentó la cancelación. Sin embargo, la respuesta se endureció significativamente cuando la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en China exigió proteger los derechos de las empresas y garantizar una competencia leal ante los recursos invertidos en el proyecto.