A punto de concluir los trabajos del periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó ayer 42 dictámenes, entre ellos reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para obligar a las empresas de outsourcing a pagar a ese instituto las cuotas del personal que contratan.

El perredista Alejandro Encinas dijo que esta reforma ayudará a dar certeza jurídica a los trabajadores, pues obliga a los intermediarios y patrones subcontratistas a que informen al Infonavit y éste puede hacer efectivas sus facultades fiscales de comprobación.

También, se fijan obligaciones y penalidades a los subcontratantes ante incumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

De igual forma, entre las decenas de dictámenes que aprobó el pleno se encuentra el de reformas a la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad para personas con discapacidad. Con las modificaciones aprobadas se determina que los hogares construidos por el Estado deben cumplir con la normatividad vigente en materia de diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad, con la finalidad de que puedan moverse de forma independiente.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Hilda Flores, señaló que en el país hay 7.7 millones de personas con discapacidad, y viven en 19 por ciento de los hogares que existen, y una parte de ellos sin las condiciones de diseño adecuadas. La minuta aprobada se envió a la Cámara de Diputados.

Otro dictamen avalado ayer se trata de modificaciones a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y de la Ley General de Vida Silvestre, con la finalidad de actualizar la ley y sustituir el nombre del Instituto Nacional Indigenista por el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

También se aprobaron reformas a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, para garantizarles una vida libre de maltrato. Se destaca en el dictamen que en el país 18.6 por ciento de adultos mayores sufren algún maltrato, abuso familiar o abandono por sus familiares más cercanos.

De igual forma, se indicó que las personas adultas mayores que padecen maltrato no lo denuncian por diversas razones, además de que desconocen a qué autoridad acudir para presentar sus quejas o que su condición físico-cognitiva no les permite presentar la demanda correspondiente.