Una mayoría mecánica integrada por PRI, PAN, PVEM y Panal avaló sin cambios la minuta del Senado que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir a agentes de aduanas, migración y de seguridad de otros países portar armas de fuego y revisar mercancías y ciudadanos mexicanos, pero que no especifica, como cuestionó la oposición, si podrán dispararlas.

Diputados de PRD, PT y Morena reprocharon que se da carta abierta a que agentes de otros países, principalmente de Estados Unidos –que ayer hizo efectivo un viejo reclamo–, queden en libertad ‘‘de herir o matar a cualquier mexicano y en nuestro propio país’’, y no se prohíbe expresamente que los permisos se entreguen a agentes de la DEA (agencia antidrogas) o de la CIA (de inteligencia).

Como ya es usual en estos días, más de una cuarta parte de los 500 diputados no se presentaron a trabajar, pero con los que asistieron fue suficiente para validar la reforma, que se envió al presidente Enrique Peña Nieto –que propuso el cambio– para publicarla y que pueda entrar en vigor.

Ganó el ausentismo

Aun cuando en el discurso los diputados de PRD, PT y Morena expresaron su rechazo a la reforma, y de que incluso Acción Nacional reconoció que no se incluye un control suficiente y estricto para la portación de armas por extranjeros en México, el ausentismo en esas bancadas impidió cambios de fondo.

Así, cuando la legisladora panista Adriana González planteó exigir certificados médicos sicológicos y de no consumo de drogas a los agentes extranjeros, y definir que por ningún motivo podrán andar armados en las calles, PRI, PVEM y Panal lograron rechazar ese punto con apenas 194 votos, cuando entre las tres bancadas suman 251 legisladores.

Sin embargo, las bancadas que defendían esa modificación únicamente sumaron 158 votos, cuando en su conjunto representan una fuerza de 235.

En la sesión de ayer el ausentismo no sólo se reflejó en las curules vacías, sino en el desdén al impacto de la reforma. Las diputadas del PAN Beatriz Zavala y Beatriz Yamamoto, ajenas a la discusión, se dedicaron a juguetear con la bebé de su compañero Juan Pablo Adame.

La discusión se centró en los abusos y asesinatos que agentes de Estados Unidos han cometido contra ciudadanos mexicanos, así como en el daño a la soberanía nacional y a la pérdida del monopolio exclusivo de la fuerza que la reforma conlleva. Loretta Ortiz (Morena) sostuvo que se trata de ‘‘un acto de imperio y de fuerza’’ de Estados Unidos.

Porque, explicó la diputada, los civiles no pueden portar armas en México, si no es con permiso. ‘‘En este caso, los agentes portarán armas para realizar no actos de amistad, sino en la revisión en aduanas o en su caso en el ingreso de los extranjeros’’.

Preguntó qué ocurrirá si los agentes extranjeros disparan contra mexicanos o centroamericanos. ‘‘¿Cuál será la ley aplicable? ¿Cómo se les va a exigir alguna responsabilidad? A esto no se da respuesta en esta ignominia’’, resaltó.

Lilia Aguilar Gil (PT) insistió: ‘‘Todos estos agentes externos que vengan con armas, ¿se regirán sobre sus propios entendimientos de la ley y uso de armas de fuego, o sobre las normas aplicables en este país?’’ La mayoría oficial rechazó definir que si se hiere o mata a un ciudadano mexicano los agentes deberán ser sometidos a procesos a partir de las leyes nacionales.

Amalia García (PRD), presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, informó que su bancada presentará un recurso de inconstitucionalidad, ‘‘y lo vamos a ganar’’, porque el artículo 76 de la Constitución dispone que sólo los mexicanos en su domicilio y las corporaciones para cumplir su trabajo pueden obtener permisos para portar armas; además, indicó, se pasa por encima de la atribución exclusiva del Senado de autorizar el paso de tropas extranjeras, así como de la obligación de estados y municipios de garantizar la seguridad. ‘‘La Constitución jamás habla de extranjeros’’, resaltó.