oy será un día memorable para los jornaleros del Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California. El pasado 17 de marzo se decidieron a dar un primer paso organizado para denunciar con más fuerza que nunca las múltiples injusticias que históricamente se han cometido en su contra. Se manifestaron masivamente a lo largo de decenas de kilómetros de la carretera Transpeninsular y obligaron al gobierno estatal cómplice a tratar de atender las exigencias, aunque fuera con destanteada demagogia que los trabajadores de aquellos campos rechazaron sin contemplaciones, instalada masiva y militantemente en esos jornaleros la seguridad de la pertinencia absoluta de sus reclamos y la confianza en la unidad y la movilización como factores para salir adelante.

La cruda realidad de esos trabajadores y sus familias ha sido replanteada a partir de la explosión del 17 de marzo, que incluso contó con episodios violentos, como el asalto a algunos negocios para saquear productos diversos. En pocas palabras, lo que se vive en aquel valle agrícola es una suerte de esclavismo moderno, en el inaceptable contexto de la miseria extendida en campos de cultivo y barracones mientras un puñado de familias propietarias viven en lujo máximo y con poderío ostentoso, bien entendidos estos caciques de las berries con las autoridades de todo nivel y de diverso signo partidista, asociados los empresarios esclavistas con empresas trasnacionales que compran las cosechas y las exportan a los mercados de Estados Unidos y Asia, principalmente (con Driscoll’s como la verdadera controladora, un auténtico gobierno a trasmano que impone tarifas y condiciones a todo el proceso productivo, lo que conlleva al pago de salarios miserables, supresión o limitaciones a la seguridad social, hacinamiento habitacional y otros detalles que son necesarios para que los propietarios locales y las firmas extranjeras tengan ganancias económicas descomunales).

A ese San Quintín de la desigualdad socioeconómica extrema llegará hoy una comisión integrada por senadores, diputados, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava (Miranda, el político que entre otras propiedades lujosas tiene un terreno en las Lomas de Chapultepec cuyo valor se estima en 55 millones de pesos, en el que construirá una mansión de autohomenaje sexenal, ¿cómo puede abordar y entender la realidad de quienes viven en la precariedad absoluta, con poco más de un centenar de pesos de salario al día, en pisos de tierra y con techos de material de desperdicio?). Esa comisión va a visitar el lugar de los hechos, a ofrecer semblantes preocupados, oratoria solidaria y atención, estudios, nuevas comisiones y lo que sirva para tratar de apaciguar los ánimos.

En las primeras horas de hoy habrán asomado miles de trabajadores a los cruces de las entradas a los ranchos neoporfiristas con la carretera Transpeninsular y caminarán sobre ella o a sus lados, en medio de policías estatales y federales al por mayor. Estarán atentos a lo que se resuelva en las mesas de negociación. Quieren respuestas. Pago justo. Cumplimiento de la ley. Prestaciones y seguridad social. No quieren más promesas ni posposiciones. Pretenden que la mentada comisión no se retire hasta que la agenda se agote por haber sido cumplida. La justa rebeldía de los jornaleros del Valle de San Quintín.

Una semana atrás, el pasado viernes 24, el embajador de Armenia en México, Grigor Hovhannisyan, se quedó a unas horas de inaugurar un ciclo de cine en el Museo Nacional de las Culturas, que formaría parte de las actividades artísticas y culturales programadas para recordar el genocidio de cien años atrás en aquella nación del Cáucaso Sur. Un día antes, según aseguran a esta columna fuentes cercanas al incidente, autoridades diplomáticas mexicanas (¿habrá sido Carlos de Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores?) informaron al embajador armenio que se posponía la exhibición de ocho películas relacionadas con el tema. Desperfectos técnicos en la sala de exhibición, se adujo.

Tan graves e irreparables han de ser esos daños que tampoco hoy (el segundo viernes en que debería continuar el ciclo de cintas) habrá un aparato proyector en buenas condiciones ni una sala cinematográfica alterna. Otras actividades conmemorativas del primer siglo de ese genocidio (al que se refirió de manera clara y abierta el papa Francisco recientemente, provocando una agresiva reacción del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan) se salvaron de la presión censora con la previa advertencia de que no deberían utilizar la palabra genocidio en los titulares de su propaganda ni permitir que se hablara de ello. Ni en un concierto musical ni en una exposición fotográfica en el Museo Memoria y Tolerancia, originalmente denominada Armenia, una herida abierta, a 100 años del genocidio armenio, a la que le dejaron sólo las cuatro primeras palabras en su marquesina oficial.

En realidad, el gobierno peñista y su Secretaría de Relaciones Exteriores pretenden quedar bien con el gobierno turco al hacer que en México se evite la caracterización como genocidio de lo sucedido entre 1915 y 1923, cuando el gobierno de los Jóvenes Turcos deportó o asesinó a un millón y medio o 2 millones de civiles asentados en el imperio otomano. Los Pinos cede al deseo del gobierno turco de sentirse parte de un nuevo grupo de democracias consolidadas, el MIKT, acrónimo formado por las iniciales de México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía, que serían las nuevas potencias económicas emergentes frente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). En esos afanes, la diplomacia mexicana sacrifica principios doctrinales, se alinea con violaciones a los derechos humanos y censura expresiones como genocidio en el caso armenio. Todo sea por los negocios.

Y, mientras sigue el carnaval de las simulaciones, ahora con Roberto Campa Cifrián pasando de la burocracia de seguridad pública a la subsecretaría de derechos humanos en Gobernación, ¡hasta el próximo lunes!

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