Al menos 281 mil personas en México son víctimas de desplazamiento forzoso a causa de la violencia, la gran mayoría de las cuales no recibe ayuda del gobierno, que conoce de este fenómeno pero se empeña en negarlo desde hace años, denunció la académica universitaria Laura Rubio.

Durante la presentación de su libro Desplazamiento interno inducido por la violencia en México: una experiencia global, una realidad mexicana, la especialista indicó que esta población no es atendida por la carencia de un diagnóstico certero sobre la magnitud del fenómeno y por la falta de voluntad política de las autoridades para admitir la existencia del problema.

Las cifras recientes que hemos presentado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre el desplazamiento interno en México reflejan un mínimo de 281 mil personas afectadas, lo cual deja ver que la dimensión del problema es tremenda, indicó.

Dicha cifra, explicó Rubio, está basada en monitoreos de prensa, sondeos y encuestas, pero podría ser mucho mayor si se toman en cuenta diversos análisis oficiales, como los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las encuestas de este organismo nos hablan de que 1.3 por ciento de los hogares encuestados podrían estar experimentando desplazamiento interno forzoso por la violencia. Serían alrededor de 1.6 millones de personas desplazadas, lo cual es catastrófico, subrayó la académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Esta situación se hace aún más grave porque las autoridades no registran las desplazamientos, ni cuando ocurren de forma masiva (más de diez familias juntas) ni cuando las víctimas huyen de sus lugares de origen gota a gota, de forma silenciosa.

Para solucionar este fenómeno, recalcó, es necesario en primer término que el gobierno mexicano admita su existencia, haga un diagnóstico certero sobre el mismo y se reforme el artículo 73 de la Constitución para facultar al Senado a legislar sobre este tema y otros que implican violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas y tortura.

Por su parte, Esperanza Hernández, víctima de desplazamiento forzoso, relató que desde 2012 ella y sus seres queridos, además de muchas otras familias de la región de los Altos de Sinaloa, se vieron obligados a escapar ante la gran cantidad de asesinatos y extorsiones cometidas por grupos de la delincuencia organizada, quienes nunca fueron enfrentados ni expulsados por el gobierno.